La polémica política estalló en Colombia luego de que se conociera que miembros de organizaciones indígenas habrían utilizado la identidad de una persona fallecida para respaldar al entonces senador Polibio Leandro Rosales Cadena, del Pacto Histórico, ante el Consejo de Estado.
El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció que el 15 de marzo de 2023 se radicó un documento firmado por varios gobernadores indígenas, entre ellos, Marcos López Enríquez, quien, según registros oficiales, había sido asesinado el 11 de febrero de 2023 en el departamento de Nariño.
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“¿Cómo es posible que el señor Marcos López Enríquez, el día 15 de marzo de 2023, haya firmado un documento de apoyo al entonces senador Polibio Leandro Rosales para que no perdiera su curul ante el Consejo de Estado, cuando el señor Marcos López Enríquez, según este acta de defunción, había sido asesinado el 11 de febrero de 2023?”, cuestionó Briceño.
El documento fue radicado oficialmente, según el sistema Samai de la rama judicial, y tenía como objetivo evitar que Rosales Cadena perdiera su curul en un proceso de nulidad electoral.
La inclusión de la firma de López Enríquez, ya fallecido, ha despertado serias dudas sobre la legalidad y la ética de la intervención de la Mesa Regional Permanente de Concertación para el Desarrollo Integral de los Pueblos Pastos y Callasingas en procesos judiciales de alto impacto político.
Briceño recordó que la muerte de Marcos López Enríquez fue ampliamente difundida por los medios de comunicación y reconocida por la Fiscalía, lo que aumenta la sospecha sobre la autenticidad de la firma y sobre quiénes son los responsables de permitir su inclusión en un documento oficial.
Por estos hechos, el concejal presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, dirigida a la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón, solicitando que se investigue a todos los miembros de la Mesa Regional Permanente de Concertación de la Aico por presuntos delitos de falsedad en documento público y fraude procesal.
“No puede ser posible que un muerto haya firmado un documento oficial ante el Consejo de Estado y en Colombia no pase absolutamente nada”, afirmó.
Briceño concluyó haciendo un llamado a las autoridades judiciales para que esclarezcan este caso, que considera una burla a la ley y un acto de corrupción que no puede quedar impune.
“Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación investigar este terrible hecho”, enfatizó.
La decisión del Consejo de Estado
La decisión en septiembre del 2023 de la Sección Quinta del Consejo de Estado fue un revés para el Pacto Histórico y el gobierno de Gustavo Petro, al anular la elección de Polibio Leandro Rosales Cadena como senador del partido Aico.
Esta medida, que se suma a la pérdida de otros escaños clave en el Congreso, debilita aún más la capacidad legislativa del oficialismo para impulsar su agenda de reformas sociales.
El Consejo de Estado comunicó que la nulidad de la elección de Rosales Cadena se fundamenta en la existencia de una inhabilidad, dado que el parlamentario había firmado un contrato con el Instituto Departamental de Nariño a través de una organización social que él mismo representaba legalmente.
Según el comunicado oficial, “la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad del acto que declaró la elección del señor Polibio Leandro Rosales Cadena como senador de la República por la circunscripción especial indígena, período constitucional 2022-2026”.
La sentencia, emitida el 7 de julio de 2023 por la Sala Decimosegunda Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, dentro del proceso 11001-03-15-000-2023-01743-00, determinó que se había configurado la inhabilidad prevista en el artículo 179, ordinal 3, de la Constitución Política, derivada de la suscripción del contrato número 2021000759 entre la entidad sin ánimo de lucro Aico por la Pacha Mama y el Instituto Departamental de Nariño. La decisión adquiere carácter definitivo y no admite recursos adicionales.
El partido Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) forma parte de los 26 partidos y movimientos que integran el Pacto Histórico.
Aunque mantiene su posición como fuerza política mayoritaria en el Congreso, la pérdida de legisladores por decisiones del Consejo de Estado ha reducido su capacidad de acción, afectando la tramitación de reformas sociales impulsadas por el Gobierno.
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