La Procuraduría General de la Nación abrió una actuación preventiva para indagar la gestión administrativa, contractual y financiera de la empresa Air-e, luego de que se revelaran posibles irregularidades en el periodo de intervención dirigido por Edwin Palma, actual ministro de Minas y Energía.
El órgano de control requirió a la Superintendencia de Servicios Públicos información detallada sobre contratos, nombramientos y el manejo de recursos girados por el Fondo Empresarial.
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Durante la administración temporal de Air-e, Palma habría nombrado a familiares en cargos directivos, autorizado el pago de deudas antiguas y firmado contratos con compañías sin experiencia previa, hechos que fueron divulgados en una investigación de la Revista Cambio el 24 de agosto de 2025 bajo el título: “Nepotismo, cifras maquilladas y dineros públicos: el escándalo que sacude a Edwin Palma en Air-e”.
Los requerimientos de la Procuraduría
En una comunicación dirigida al superintendente encargado de Servicios Públicos, Elmer Felipe Durán, el procurador delegado Samuel Benjamín Arrieta expuso los alcances de la actuación preventiva. Según el documento, la entidad busca verificar hechos relacionados con nombramientos, contratos y la administración de recursos públicos en Air-e desde septiembre de 2024.
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La Procuraduría solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos allegar una relación completa de los contratos firmados entre octubre de 2024 y agosto de 2025, incluyendo los montos, contratistas, modalidades de selección y anticipos girados.
Asimismo, pidió especificar los criterios aplicados en la aprobación de dichos anticipos y detallar la experiencia de las compañías contratadas, con énfasis en aquellas de reciente constitución.
El órgano de control también puso bajo la lupa las designaciones realizadas durante la intervención. Entre las solicitudes figura el listado de todos los nombramientos en cargos directivos, gerenciales y de confianza desde septiembre de 2024, junto con los soportes de experiencia e idoneidad técnica de cada funcionario.
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La Procuraduría requirió la verificación de posibles inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés, especialmente los relacionados con vínculos de parentesco con el interventor Edwin Palma. En ese sentido, pidió confirmar si existía conocimiento previo de la relación entre Palma y Juan Pablo Nieto Egea, nombrado en la gerencia contable de la empresa durante la intervención.
Recursos del Fondo Empresarial
Otro de los puntos de análisis corresponde al manejo de los recursos girados a Air-e por el Fondo Empresarial de la Superintendencia. La Procuraduría solicitó un informe sobre los montos totales entregados desde septiembre de 2024, así como el desglose de los pagos efectuados a proveedores, acreedores u otros destinatarios.
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El órgano de control pidió que se detallen los criterios empleados para priorizar esos pagos y que se precise si existieron beneficiarios recurrentes o favorecidos de manera sistemática. “Desglose y destino específico de dichos giros (proveedores, acreedores, etc.). Criterios para priorización de pagos y existencia de beneficiarios recurrentes o favorecidos de manera sistemática”, advirtió la Procuraduría en su solicitud.
La entidad recalcó que la actuación abierta no implica coadministración ni injerencia en las decisiones internas de la compañía, sino que busca prevenir posibles afectaciones al interés público.
“Es importante señalar que, la actuación preventiva tiene como objetivo anticiparse a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o amenazar el adecuado ejercicio de la función pública, contribuyendo al mejoramiento de la gestión y la política pública. No implica, en modo alguno, la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas”, concluyó el Ministerio Público.
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Los resultados de esta indagación serán determinantes para que la Procuraduría defina si existen méritos suficientes para abrir investigaciones disciplinarias contra los responsables de las decisiones tomadas durante la intervención de Air-e, o si, por el contrario, las actuaciones adelantadas en materia de contratos, nombramientos y manejo de recursos se ajustaron plenamente a la normatividad vigente.
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