La advertencia de Fitch Ratings sobre el riesgo de apagones en Colombia encendió las alarmas en el sector eléctrico y entre los usuarios. Según el informe publicado el 21 de agosto, los cambios propuestos por el Gobierno de Gustavo Petro al cargo por confiabilidad (mecanismo en el mercado eléctrico colombiano que asegura que haya suficiente generación de energía disponible para cubrir la demanda, incluso en situaciones de escasez, como durante el fenómeno de El Niño), podrían incrementar la probabilidad de racionamientos de energía, afectar la estabilidad financiera de las empresas generadoras y desincentivar la inversión en el sector.
Dicha evaluación generó preocupación tanto en la industria como en la opinión pública, dada la influencia internacional de Fitch Ratings y el impacto directo que tendría en la vida cotidiana de millones de colombianos.
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La agencia de calificación crediticia advirtió que la modificación del cargo por confiabilidad podría debilitar los flujos de caja de las empresas generadoras. El informe señala que el cargo funciona como un seguro que los usuarios pagan en sus facturas para garantizar el suministro eléctrico continuo y protegerse de aumentos de precios durante periodos de sequía. Además, permite a las empresas hacer inversiones necesarias para mantener y expandir la capacidad de generación.
El cargo por confiabilidad, según lo explicado por la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén), Natalia Gutiérrez, es fundamental para la estabilidad del sistema.
“Recordemos que el Cargo por Confiabilidad es como un seguro que pagamos en las facturas para que podamos estar encendidos todo el tiempo. Además, les permite a las empresas hacer más inversiones y nos protege a los usuarios de los precios altos cuando hay sequía”, afirmó Gutiérrez por medio de un hilo en X.
La experta puntualizó que el mecanismo, vigente desde hace más de una década, fue clave para evitar crisis energéticas en el pasado.
Cambios que propone el Gobierno
Al respecto, el Gobierno de Gustavo Petro propuso cambios sustanciales a este esquema con los que se buscan modificar la forma en que se calcula y distribuye el cargo por confiabilidad, con el objetivo de reducir el costo para los usuarios finales.
Fitch Ratings advirtió que estas modificaciones podrían reducir los ingresos de las empresas generadoras, lo que a su vez limitaría su capacidad de inversión y mantenimiento de la infraestructura eléctrica. El informe resalta que, sin incentivos adecuados, el sector podría enfrentar dificultades para responder a picos de demanda o situaciones de emergencia.
Impacto de los cambios
El impacto potencial de estos cambios se refleja en casos concretos. Termocandelaria Power, una de las principales generadoras térmicas de la región Caribe, obtiene cerca del 40% de sus ingresos del cargo por confiabilidad. Enel Colombia, Isagén y Empresas Públicas de Medellín (EPM) también dependen en gran parte de este mecanismo para financiar sus operaciones y proyectos de expansión. La reducción de estos ingresos, advierte Fitch Ratings, podría poner en riesgo la viabilidad de nuevas inversiones y la sostenibilidad del suministro eléctrico.
Las proyecciones de déficit energético refuerzan la preocupación. Fitch Ratings estima que entre 2026 y 2028 Colombia podría enfrentar un déficit de generación de entre 4% y 5%, lo que aumentaría el riesgo de racionamientos de energía. Dicha situación se agrava por el crecimiento acelerado de la demanda eléctrica, que supera la capacidad de oferta debido a factores como la conflictividad social en los territorios y los retrasos en los procesos de licenciamiento ambiental.
Natalia Gutiérrez reiteró la necesidad de mantener mecanismos que garanticen la confiabilidad del sistema. “Debemos preocuparnos porque hay decisiones que pueden afectar la prestación de este servicio en Colombia”, advirtió.
Presión al sistema eléctrico
La dirigente resaltó que el informe de Fitch Ratings coincide con advertencias previas del sector sobre la presión adicional que enfrenta el sistema eléctrico nacional.
La preocupación incluye un crecimiento sostenido del consumo de energía en Colombia, impulsado por el desarrollo económico y el aumento de la población. Sin embargo, la oferta no creció al mismo ritmo, en parte, por la conflictividad social que dificulta la construcción de nuevas plantas y líneas de transmisión, así como por los complejos procesos de licenciamiento ambiental. Este desequilibrio pone al país en una situación vulnerable ante eventos climáticos extremos o fallas en la infraestructura.
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