Exmagistrado del CNE tachó de “inaudita” la ponencia contra la financiación de la campaña de Petro y lanzó pulla a Álvaro Hernán Prada

Luis Guillermo Pérez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), criticó enérgicamente el reciente proceso sancionatorio impulsado por ese despacho contra la campaña “Petro Presidente”, que según una ponencia habría violado los topes electorales.

Según manifestó Pérez en un video publicado en su cuenta oficial de X, la ponencia de 554 páginas fue elaborada por los dos magistrados del CNE, entre ellos el presidente de ese despacho, Álvaro Hernán Prada, que según indicó el exmagistrado, “está siendo enjuiciado por la Corte Suprema de Justicia, quien es enemigo del Gobierno nacional, al que no se le aceptaron las numerosas recusaciones planteadas en su contra”.

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El exmagistrado calificó como “inaudito” y “absolutamente inaceptable” el avance de esta ponencia que, a su juicio, representa una “sanción exorbitante contra la Colombia Humana (colectividad política liderada por Petro), contra la Unión Patriótica, contra el gerente de la campaña, contra el auditor, etcétera”.

De acuerdo con su declaración, la apertura de la investigación habría incurrido en irregularidades: según expone el exmagistrado, esta fue iniciada violando las disposiciones de la ley 996 de 2005, que regula las campañas presidenciales en Colombia.

“La primera gran irregularidad es haber abierto una investigación violatoria de la Ley 996 de 2005, que es sobre las campañas presidenciales: no podía iniciarse sobre la base de una queja anónima casi ocho meses después una investigación, salvo que se dijese que se hacía de manera oficiosa, lo que nunca se hizo.”, explicó Pérez en el clip.

Además, el exmagistrado advirtió que en el proceso se consideran como gastos de campaña los recursos destinados a los testigos electorales, una interpretación que, a su juicio, contradice la normatividad vigente.

“Si es muy clara la norma. La campaña se inicia cuatro meses antes de la elección y termina el día anterior a la elección. Los testigos electorales, los gastos de los testigos electorales, es para vigilar el día de la elección y los escrutinios hasta cuando terminen”, expuso el exmagistrado Pérez Casas.

Pérez tildó la situación de “vergonzosa” y la calificó como una posible “persecución política contra el Gobierno nacional”. Finalmente, expresó su esperanza de que la medida no consiga los seis votos necesarios en el CNE para prosperar, y advirtió que, de aprobarse, cabría acudir a la justicia contenciosa administrativa como vía de defensa legal.

Campaña de Gustavo Petro habría rebasado los topes de financiación

A menos de un año de que Gustavo Petro concluya su periodo como presidente de la República, el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene abiertas las investigaciones sobre la presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de 2022. La indagación, liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada durante más de dos años, desembocó en la presentación de un extenso proyecto de resolución.

El informe elaborado por los magistrados determina que la campaña presidencial superó los límites legales de financiación, con un exceso que superaría los 3.500 millones de pesos entre la primera y la segunda vuelta.

La propuesta de resolución contempla sanciones administrativas para el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que se desempeñó como gerente de la campaña, así como para otros directivos y para los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, ambos involucrados en el proceso electoral.

En el documento, que fue presentado el martes 26 de agosto ante la Sala Plena del CNE, los magistrados del Centro Democrático y el Partido Liberal solicitaron una sanción millonaria para el presidente de Ecopetrol y la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación.

La radicación de este proyecto genera expectativa sobre la decisión que adoptará el tribunal electoral, ya que el resultado dependerá de la correlación de fuerzas entre dos bloques claramente definidos. Por un lado, se encuentra el grupo vinculado al Pacto Histórico, compuesto por cuatro magistrados; por el otro, un bloque de cinco integrantes ajenos a esa coalición. Este último está conformado por Álvaro Prada, Benjamín Ortiz, Maritza Martínez, Álvaro Campo y Cristian Quiroz, que tendrán un peso determinante en la definición de la ponencia sancionatoria contra la campaña de Gustavo Petro y otros responsables.

La normativa vigente exige que las decisiones del tribunal cuenten con al menos seis votos para su aprobación, lo que hace necesaria la designación de conjueces ante la actual composición del CNE.