Narco colombiano fue condenado a 19 años de prisión en Rusia: era solicitado en extradición desde 2018

Luego de nueve años de investigaciones y trámites, Carlos Alberto Muñoz Ramírez, conocido como Carlos, la justicia rusa dictó sentencia contra el colombiano acusado de traficar drogas a ese país.

Según dictaminó la Corte Regional de Moscú, el hombre de 44 años fue hallado responsable de los delitos de contrabando y envío de drogas a gran escala a Rusia, además de liderar un grupo organizado parar ese propósito.

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La investigación reveló que, en julio de 2016, el acusado encabezó una red de cuatro personas que introdujo a Rusia cocaína procedente de Colombia y Paraguay, utilizando métodos sofisticados para el ocultamiento de la sustancia.

El expediente destaca que los envíos ingresaron al país a través de los aeropuertos de Sheremétievo y Vnúkovo, ambos en Moscú.

Uno de los cargamentos desde Colombia llegó en una caja de cartón donde el estupefaciente se encontraba escondido en resortes metálicos junto a frenos de servicio de motores diésel.

En tanto, el embarque desde Paraguay incluyó equipos electrónicos como micrófonos, un teclado y una consola de DJ, en cuyos compartimentos se disimuló el narcótico.

Las autoridades rusas ubicaron a Carlos en noviembre de 2017 mediante una orden de búsqueda internacional. Poco después, fuerzas del orden en Colombia lograron su detención y, en diciembre de 2024, se concretó la extradición del acusado a Rusia.

Un aspecto destacado fue la solicitud de su defensa para que el tribunal considerara la cooperación activa del acusado con la investigación y su plena admisión de culpabilidad al momento de dictar sentencia.

Pese a estos antecedentes, el tribunal optó por imponer una severa sanción: 19 años en una colonia penal de alta seguridad y una multa de novecientos mil rublos, equivalentes a unos 45 millones de pesos colombianos.

Armada de Colombia capturó a dos colombianos pedidos en extradición por Estados Unidos

Las investigaciones de inteligencia apuntaron a que Julián David Mosquera Dussan, alias Mosca, utilizó su experiencia previa como miembro de la Armada de Colombia para suministrar información operacional relevante a redes de narcotráfico internacional.

Paralelamente, Eduardo Martínez Barón, alias Eduardito, habría gestionado la distribución de sustancias ilícitas hacia el exterior, aprovechando información obtenida ilícitamente desde su lugar de detención. Estas actuaciones ahora los colocan frente a una Corte Federal en Estados Unidos, donde deberán comparecer por cargos relacionados con transporte y comercialización de estupefacientes.

Según comunicó la Armada de Colombia, en una operación coordinada junto al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la Administración para el Control de Drogas (DEA), los dos sujetos fueron aprehendidos en redadas simultáneas en los municipios de Neiva, Huila, y Coveñas, Sucre.

El operativo contó también con la participación del Grupo de Fuerzas Especiales Navales del Caribe, permitiendo la localización y captura de ambos individuos requeridos por las autoridades estadounidenses con fines de extradición.

Ambos capturados poseen antecedentes en la operación “Resplandor”, llevada a cabo el 20 de febrero de 2025 en Colombia, durante la cual fueron procesados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Extraoficialmente, alias Mosca cumplía detención domiciliaria, aunque persistía en sus funciones ilícitas sirviendo de enlace informativo para organizaciones narcotraficantes. Por su parte, alias Eduardito permanecía bajo detención intramural, con señalamientos de coordinar operaciones de envío de drogas ilícitas hacia el extranjero, según detallaron fuentes de inteligencia.

Este resultado, en palabras de la Armada de Colombia, “constituye un golpe estratégico a las estructuras del crimen transnacional del narcotráfico, al afectar sus capacidades de penetración e inteligencia delictiva orientadas a obtener información sobre las operaciones navales en el Caribe colombiano”. Las autoridades recalcaron que la acción permitió frenar proyectos de infiltración destinados a “establecer vínculos ilegales entre el narcotráfico y algunos miembros de las Fuerzas Militares.”

Finalmente, el comunicado institucional reiteró “la política de cero tolerancia con la corrupción” y la “firmeza ante cualquier acto individual que vaya en contravía de los principios y valores institucionales,” subrayando el compromiso con la seguridad nacional y la defensa de los intereses ciudadanos.