El Tren del Llano, la sombra del Clan del Golfo y la desconfianza en la protección oficial: alcaldes sitiados entre sicariato y vacíos de poder

Las investigaciones recientes revelan que las extorsiones impulsadas por disidencias de las Farc se han transformado en una presión casi sistemática sobre los alcaldes y gobernadores.

“Muchos alcaldes, por no decir que todos, y si acaso se salvará uno, tienen que pasar al banquillo de las disidencias de las Farc, y tienen que pagar cuotas mensuales, cuotas anuales, para que puedan ejercer su ejercicio de administración local”, explicó el gobernador Luis Francisco Ruiz, que también aseguró haber sido presionado para entregar grandes sumas de dinero, así como sus familiares.

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Según detalló Semana, las amenazas contra los mandatarios locales en Colombia se encuentran en un punto crítico ante la llegada de un nuevo actor de origen venezolano, el Tren del Llano.

Las unidades de inteligencia han documentado que esta organización criminal se asentó en territorio colombiano durante el año, presentándose como aliado del Tren de Aragua e introduciéndose en el mercado de armas, explosivos y servicios de sicariato, incluyendo el asesinato de autoridades, “lo cual incluye el asesinato de alcaldes y gobernadores, por ejemplo, a cambio de 10.000 dólares”, explicó un funcionario dedicado al rastreo de estos delincuentes.

Los primeros registros de la prensa internacional ubican el origen del Tren del Llano en el año 2008, dedicado inicialmente al robo de automotores y, más adelante, involucrado en crímenes de mayor impacto regional.

En su incursión por Colombia, sus integrantes fueron recibidos por grupos locales como El Mesa y La Terraza, que ya adquirieron armamento a través de este contacto, sosteniendo vínculos en medio del proceso de paz urbana impulsado desde el Gobierno y la senadora Isabel Cristina Zuleta en la cárcel de La Paz de Itagüí.

Las autoridades reportan la captura de los tres primeros miembros del Tren del Llano en Envigado, identificados como alias Tutu, alias Mingui y alias Nagu, señalados por delitos como homicidio, secuestro, hurto y extorsión. Las fuerzas de seguridad sospechan que ya han ejecutado sus primeros contratos criminales en el país.

La coyuntura se complica ante la evidencia de que otras estructuras planifican o financian acciones similares. Informes entregados al Ministerio de Defensa dan cuenta de que tanto las disidencias de las Farc como organizaciones locales aportan recursos para acabar con la vida de mandatarios.

Un uniformado que participó en la investigación confirmó al medio mencionado que, “Los planes estaban listos para ser ejecutados, pero pudimos reaccionar a tiempo y protegerlos”, en relación con el plan para asesinar al alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

En Cúcuta, la situación es aún más tensa. El alcalde Jorge Acevedo recibió notificación directa de la fuerza pública sobre amenazas en su contra y la de su esposa, además de mensajes anónimos.

Acevedo declaró: “Esas acciones están justificadas en los golpes que les hemos propinado. Lo dicen abiertamente, me quieren matar. Yo tengo una seguridad muy robusta. Seguimos trabajando por la ciudad”.

En Antioquia, el objetivo de las disidencias se centra en el gobernador Andrés Julián Rendón, reconocido por su posición frente al proceso de paz y sus frecuentes denuncias sobre delitos.

La inteligencia militar afirma que el frente 36, liderado por alias Calarcá, planea un ataque que se podría efectuar en Medellín.

El alcalde Federico Gutiérrez también figura en la lista de riesgos, enfrentando al menos cuatro conspiraciones criminales confirmadas por las autoridades, quienes anticipan la posibilidad de atentados mediante vehículos a control remoto con explosivos o ataques armados.

La Fuerza Pública mantiene vigilancia especial sobre los mandatarios de Arauca, Quibdó, Caquetá y San José del Guaviare, y estima que el 80 por ciento de los alcaldes del país requiere protección reforzada debido a la gravedad de las amenazas.

Las causas principales, de acuerdo con informes policíacos, son la extorsión y el vacío institucional dejado por el retiro de la guerrilla tras el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos. Un investigador lo aclaró al medio: “Sale la guerrilla de los territorios y nunca llega el Estado. Esos espacios son ocupados por múltiples actores ilegales y buena parte de esos actores son los responsables de las intimidaciones que reciben hoy los alcaldes y gobernadores”.

El Clan del Golfo representa el tercer riesgo, exhibiendo poder militar y social, e intimando a las autoridades a someterse a su influencia bajo el argumento: “‘Trabajan conmigo o los saco’. Tiene capacidad bélica, armada y económica, también social porque inaugura obras y polideportivos. En su plan de expansión, además, intimida al poder público”, relató una fuente para Semana.

Algunos altos oficiales advierten, bajo reserva, que el fenómeno se agrava por la desconexión entre los gobiernos central, regional y local, lo que desemboca en una politización de la seguridad y en un terreno fértil para el crecimiento del crimen organizado.