Las autoridades de Cundinamarca continúan recabando información que refuerce la hipótesis de que la violenta masacre en la finca recreativa Villa Claudia, ubicada en el casco urbano del municipio de Mesitas del Colegio (Cundinamarca), obedezca a un ajuste de cuentas vinculado a disputas por rentas ilícitas.
Las identidades de las víctimas mortales del ataque armado corresponden a Anguel Natalia Vaca Santamaría (24 años), Sol Margarita Morales Lara (67 años) y Giovanni Javier Chivata Daza (44 años): estas tres personas, todas con vínculo familiar, fueron atacados por cuatro hombres armados con pistolas calibre 9 milímetros, que se desplazaban en motocicleta.
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Por su parte, los heridos fueron identificados como Jhon Jairo Vélez Rodríguez (36 años), Luis Alberto Rodríguez Ardila (68 años) y Claudia Teresa Rodríguez (49 años): todos ellos fueron trasladados al hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio.
Ante la gravedad del caso, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, solicitó que el comandante de la Policía de Cundinamarca asumiera directamente la investigación, con el respaldo de unidades especializadas como la Sijín, Sipol y el Gaula.
El trabajo articulado de estas instituciones busca esclarecer si los parientes asesinados operaban como comerciantes de los San Andresitos de Bogotá, e inclusive como ingenieros. Sin embargo, las pesquisas han revelado un historial delictivo vinculado al microtráfico, homicidios y hurtos de gran escala.
Uno de los asesinados integró una banda delincuencial
En ese sentido, el núcleo del caso se centra en Giovanni Chivata Daza, el único hombre asesinado en el hecho y cuyo dosier criminal ha sido objeto de especial atención: según una investigación publicada por El Tiempo esta persona formó parte de una banda delincuencial en Bogotá implicada en el robo de un carro de valores y en el asesinato de un policía.
El hecho se remonta al 2 de julio de 2019, cuando el intendente de la Policía Erick Joan Cruz Gutiérrez, comandante del CAI de Arborizadora Alta, fue asesinado en el barrio Nueva Candelaria, sobre la autopista Villavicencio, mientras inspeccionaba la camioneta utilizada por los delincuentes, detalló el citado medio.
El prontuario de Chivata Daza incluye una condena dictada el 16 de marzo de 2012 por un juzgado de Bogotá, que le impuso 5 años de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía. Los cargos: porte ilegal de armas y uso indebido de uniformes de la Fuerza Pública, específicamente de la Policía. Por el asesinato del uniformado, Chivata Daza continuaba bajo investigación y su situación jurídica estaba pendiente de resolución.
La suegra de Chivata Daza y su lazo con el expendio de drogas
El Tiempo amplió la investigación precisando el prontuario de Sol Margarita Morales Lara, suegra de Chivata Daza, que también fue ultimada. Fuentes cercanas al caso informaron al periódico que Morales Lara era considerada la cabecilla de una banda dedicada a la distribución de estupefacientes en la localidad de Ciudad Bolívar desde hace dos décadas.
Sobre ella pesaban dos condenas por tráfico de estupefacientes: la primera, del 23 de mayo de 2005, la sentenció a 4 años y 6 meses de prisión; la segunda, del 16 de noviembre de 2016, le impuso 10 años de cárcel por tráfico de drogas y la juzgó como coautora de concierto para delinquir agravado. Ambas penas las cumplió en la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá.
La vivienda de Morales Lara, ubicada en el barrio Jerusalén de Ciudad Bolívar, pertenecía a su exesposo Luis Alberto Rodríguez, una de las tres personas que resultaron heridas en el ataque. Según la investigación de El Tiempo, ese inmueble funcionaba como punto de expendio de drogas y fue objeto de importantes incautaciones de estupefacientes en los años 2007, 2012 y 2013.
Actualmente, la propiedad enfrenta un proceso de extinción de dominio. Las autoridades también indagan si Chivata Daza tenía vínculos con la banda ‘Los Avatars’, dedicada al hurto de residencias y fincas en la región, y si otros miembros de la familia participaban en actividades comerciales en San Andresito de Bogotá.
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