En Colombia, la pobreza digital afecta al 22% de la población: estas son las posibles salidas

El acceso a internet en Colombia aún es un privilegio costoso para los hogares más pobres. De acuerdo con cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las familias de menores ingresos destinan hasta un 30% de lo que ganan al pago de la conexión fija, un gasto desproporcionado si se compara con otros servicios básicos.

Frente a esa realidad, el Gobierno decidió poner en marcha una iniciativa legislativa que busca cambiar las reglas del juego. El miércoles 20 de agosto, el ministro Julián Molina radicó en el Congreso el proyecto Internet Solidario, una propuesta de 16 artículos que pretende reconocer la conexión a la red como un derecho fundamental y, al mismo tiempo, ofrecer herramientas para disminuir la llamada “pobreza de Internet”, que en el país alcanza el 22%.

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“El acceso a Internet no debe ser un lujo, sino un prerrequisito para la inclusión social, la equidad y la participación plena en la vida económica, política, educativa y cultural. Con este proyecto lograremos asegurar el derecho fundamental que tienen todos los colombianos de acceder a Internet de calidad y así disminuir la pobreza de Internet, que en Colombia se calcula en un 22 %”, explicó el ministro TIC durante la radicación.

El articulado contempla cuatro ejes centrales. Primero, la creación de Planes Especiales de Internet para la Equidad, que son ofertas de bajo costo destinadas a los hogares más pobres. Segundo, la fijación de una tarifa regulada para el estrato 1, con precios más bajos para nuevos usuarios. Tercero, la entrega de un subsidio de solidaridad digital, que reduce aún más el valor de la factura para personas registradas en el Sisbén A o estudiantes activos de hogares vulnerables. Y, finalmente, medidas de inspección, vigilancia y control para evitar abusos de los operadores y garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la financiación. El texto plantea que el subsidio sea cubierto por los usuarios residenciales de estratos 5 y 6, además de los sectores industrial y comercial, siempre que no se trate de micro o pequeñas empresas. “Ellos deberán pagar un monto adicional equivalente al 30% del valor del plan tarifario contratado”, precisó la iniciativa.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el MinTIC serán los encargados de definir los aspectos técnicos y económicos de la tarifa diferencial. De momento, se calcula que el costo especial para nuevos usuarios de estrato 1 rondará los $35.000 mensuales, una cifra que busca ser sostenible para los operadores pero asequible para las familias que hoy no pueden conectarse.

En palabras del propio ministerio, se trata de garantizar que ningún colombiano quede excluido del mundo digital por falta de recursos. “Los Planes Especiales de Internet para la Equidad son ofertas de bajo costo dirigidas a la población con menores recursos económicos. La idea es que los operadores ofrezcan planes que faciliten el acceso a internet fijo. Esto busca garantizar el acceso universal al servicio, especialmente para poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad, con el fin de contribuir de manera efectiva al cierre de la brecha digital”.

El ministerio insiste en que los llamados Planes Especiales de Internet para la Equidad están diseñados como ofertas de bajo costo, obligatorias para los operadores, con el propósito de cerrar de manera real la brecha digital en comunidades históricamente marginadas.

Más allá de las cifras, la apuesta busca transformar realidades cotidianas, que un estudiante pueda acceder a sus clases virtuales sin interrupciones, que una madre cabeza de hogar pueda emprender en línea, o que campesinos y pequeños productores se conecten con mercados y compradores sin tener que salir de sus territorios. Internet, en este sentido, se entiende como un vehículo de oportunidades y dignidad, capaz de reducir desigualdades y abrir puertas al conocimiento, al trabajo y a la participación ciudadana.