La alcaldía de Mesetas, en el departamento del Meta, alertó sobre un patrón sistemático de coacción ejercido por las disidencias de las Farc, que ha generado un clima de temor permanente entre líderes comunales y familias campesinas.
Según un documento municipal conocido por Semana, estos grupos armados, en especial el Frente Ever Castro, han utilizado a la población civil como instrumento para presionar al Gobierno nacional y a la fuerza pública, afectando la vida de comunidades enteras.
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El informe detalla cómo los presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) y campesinos de zonas apartadas, donde la presencia estatal es limitada, han recibido amenazas directas de muerte y desplazamientos forzados si no cumplen con las órdenes de los grupos ilegales.
La falta de garantías mínimas de protección ha obligado a que muchos afectados relaten su situación de manera informal ante la Alcaldía o la Personería, lo que limita la capacidad de respuesta institucional y aumenta su vulnerabilidad frente a las acciones de los disidentes.
De acuerdo con el documento, la presión sobre la población responde a directrices de alias Calarcá.
Bajo su mando, Carlos Rondón, alias Caliche, y su jefe financiero, Edinson Suárez, organizaron una movilización forzada que involucró a setenta presidentes de JAC.
El 31 de julio, estas personas recibieron un panfleto que los obligaba a asistir a una reunión en la vereda Mansitas, jurisdicción de La Julia, municipio de Uribe. La advertencia no dejaba espacio a la voluntariedad y muchos acudieron por temor a represalias.
Durante el encuentro, los representantes del Frente Ever Castro instruyeron a cada vereda a seleccionar diez personas —cinco directivos y cinco afiliados— para trasladarse el 21 de agosto a los Llanos del Yarí, con el objetivo de exigir la continuidad de las mesas de diálogo entre el Gobierno y las estructuras armadas.
La alcaldía enfatizó que esta movilización no puede considerarse un acto genuino de participación ciudadana, ya que se trató de una imposición respaldada por amenazas de muerte, desplazamientos y otros castigos en caso de incumplimiento.
“La movilización masiva de campesinos al Llano del Yarí no debe interpretarse como un acto libre y democrático, sino como un acto forzado, sometido a amenazas graves y utilizado para presionar la continuidad de unos diálogos que, en la práctica, no han reducido la violencia”, advirtió el alcalde Camilo Antonio Pulgarín Suárez durante un Consejo de Seguridad realizado el 11 de agosto.
La administración municipal alertó sobre un plan para provocar asonadas dirigidas contra representantes de las instituciones y la Fuerza Pública, lo que evidencia la capacidad de los grupos armados para manipular a la población civil en beneficio de sus intereses.
Pese a los discursos de paz de algunos cabecillas, las disidencias continúan cometiendo homicidios, extorsiones y atentados contra instituciones, además de mantener vínculos con actividades ilícitas como el narcotráfico.
La instrumentalización de la población civil para presionar al Estado evidencia la contradicción entre los discursos de los grupos armados y sus acciones violentas.
El Gobierno colombiano ha intensificado sus esfuerzos para enfrentar a las disidencias, en especial a figuras como alias Calarcá e Iván Mordisco.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la implementación de un plan de choque con especial atención en el Caquetá, donde operan activamente estas estructuras y la Segunda Marquetalia.
Entre las estrategias adoptadas se encuentra la creación de un bloque de búsqueda especializado para capturar a los principales responsables de los hechos criminales, así como la oferta de recompensas entre 50 y 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de cabecillas como Juan Antonio Agudelo Salazar (alias Urias Perdomo) y Ángel Joven Rojas (alias Albeiro Ramírez).
Asimismo, se han difundido carteles de los más buscados para incentivar la colaboración ciudadana en la desarticulación de estas estructuras criminales.
El ministro Sánchez destacó que, a pesar de la violencia y la infiltración de los insurgentes entre la población civil, los operativos policiales y militares han producido resultados positivos: los homicidios en el departamento disminuyeron un 8,5%, los secuestros un 86% y las lesiones personales un 30%.
No se registraron masacres ni casos de trata de personas en el periodo analizado, y se neutralizó a 81 disidentes.
Las autoridades también reportaron avances en la incautación y destrucción de laboratorios de drogas, así como una reducción en los hurtos contra personas y comercios.
Sin embargo, la situación en Mesetas y sus alrededores continúa marcada por la vulnerabilidad de los líderes comunales y campesinos, quienes permanecen expuestos a la instrumentalización por parte de las disidencias.
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