Medellín atraviesa un momento de alta tensión tras conocerse detalles de amenazas dirigidas a varios funcionarios, entre ellos, el alcalde Federico Gutiérrez, la concejal Claudia Carrasquilla y el secretario de Seguridad, Manuel Villa.
Según documentos obtenidos por el medio El Tiempo, los planes no solo incluyen emboscadas, sino también el uso de armas largas de alto calibre y recursos millonarios para ejecutar los ataques.
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La denuncia más reciente fue presentada por Claudia Carrasquilla, exdirectora de Fiscalías de Medellín, quien reportó ante la Fiscalía cuatro amenazas de atentado desde finales de 2024.
Las intimidaciones no se limitan a ella, sino que involucran a otros concejales, al alcalde y al secretario de Seguridad.
Los documentos detallan que las órdenes provendrían de un individuo identificado como “Colombia 6”, quien habría fijado un plazo de dos meses para ejecutar los ataques.
Coordinación criminal y logística armada
Según los informes, la banda Robledo, con base en el barrio Córdoba, estaría articulando los ataques en alianza con estructuras de los sectores Doce de Octubre y El Picacho.
Los documentos advierten que el plan involucra la movilización de armas largas, emboscadas estratégicamente planificadas y un “músculo financiero” de ocho millones de dólares, destinado a garantizar la ejecución de los atentados.
Sin embargo, expertos en seguridad dudan de la veracidad de estas cifras.
Paula Andrea Valencia Londoño, investigadora en conflicto y paz de la Universidad de Medellín, explicó que “dudo bastante que la inversión en atentados de esta magnitud sea prioritaria para estos actores, especialmente cuando están vinculados a procesos de negociación y paz urbana”.
Los documentos también señalan la participación de un familiar del exalcalde Daniel Quintero, quien supuestamente coordinaría con alias el Viejo y alias Cachama, miembros de la banda criminal Córdoba, para ejecutar los atentados.
Tanto “el Viejo” como “Cachama” se encuentran bajo detención domiciliaria o en prisión, lo que evidencia la complejidad logística de la amenaza.
Emboscadas y amenazas específicas
Los reportes describen alianzas entre bandas como La Terraza y Los Pesebreros para atacar a los concejales Andrés Tobón y Claudia Carrasquilla.
En estos planes, alias el Grande, “Gafas” y “Andrea” serían responsables de la coordinación logística y financiera, incluyendo la ubicación de puntos estratégicos para emboscadas y la utilización de armas largas.
En el caso del secretario de Seguridad, Manuel Villa, se menciona el uso de un “señuelo” para apartarlo de su esquema de protección y facilitar un ataque armado.
Entre los motivos señalados estaría la captura del hijo de alias Douglas, que habría generado represalias de estructuras criminales.
Además de las amenazas físicas, los informes advierten sobre la participación de supuestas disidencias de las Farc y del ELN en Medellín, aunque especialistas cuestionan la veracidad de estos nexos.
Fernando Quijano, director de Corpades, señaló que “las disidencias mencionadas no tienen presencia en la ciudad, lo que pone en duda los supuestos vínculos con las estructuras locales implicadas”.
Reacciones institucionales y dudas sobre la información
La mesa de paz urbana, cuyos voceros se encuentran recluidos en la cárcel de Itagüí, emitió un comunicado rechazando las intimidaciones y advirtiendo sobre intentos de deslegitimar el proceso de paz urbana.
“Confiamos en que las autoridades judiciales y de investigación actúen con diligencia para esclarecer las denuncias y actuar en consecuencia”, señalaron.
Valencia Londoño enfatizó la necesidad de información verificable: “Tenemos mucha información que parte de supuestos, conversaciones informales y rumores. La información alrededor de estas amenazas debe ser más certera y verificable, porque genera un ruido muy fuerte tanto en proceso electoral como en materia de paz urbana”.
El trasfondo de estas amenazas se agrava porque algunos de los grupos implicados participan en procesos de negociación con el Gobierno bajo la Ley de Sometimiento 2.0, que busca otorgar beneficios a cabecillas que se acojan a la legalidad.
Atentar contra figuras políticas mientras negocian beneficios legales sería contradictorio, aunque fracturas internas podrían permitir la ejecución de ataques armados.
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