La Administración distrital de Bogotá, a través de las secretarías de Integración Social y Educación, puso en marcha el nuevo sistema de transferencias monetarias condicionadas que pretende transformar la vida de 255.000 niñas, niños y adolescentes en la capital.
El reciente lanzamiento del programa, parte del rediseño de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), introduce un cambio estructural en la forma en que la ciudad abordará la protección social infantil. El modelo exige que los beneficiarios permanezcan inscritos y asistan regularmente a jardines y colegios distritales, estableciendo una relación directa entre el apoyo económico y la continuidad educativa.
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De acuerdo con Integración Social, la condicionalidad representa una de las modificaciones más profundas en la política social de la ciudad, al vincular el acompañamiento institucional con el cumplimiento efectivo de derechos fundamentales.
Así las cosas, la estrategia del IGM se articulará en dos componentes principales: educación y primera infancia. El primero abarca a 209.000 niñas, niños y adolescentes, mientras que el segundo se dirige a 46.000 niñas y niños. Para el primer pago, la inversión asciende a $12.900 millones.
La implementación del modelo se llevará a cabo en coordinación con la Secretaría de Educación, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación y la Secretaría de Integración Social, que han incorporado condicionalidades asociadas a la asistencia regular a instituciones educativas y de cuidado, como los Centros Crecer.
El diseño del programa reconocerá la diversidad de situaciones que enfrentan los hogares en Bogotá. El componente de primera infancia está dirigido a familias con niñas y niños de 0 a 6 años pertenecientes a los grupos A, B y C1 a C9 del Sisbén, así como a residentes en pagadiarios.
Por su parte, el componente de educación se orienta a hogares con menores de 7 a 19 años de los grupos A y B del Sisbén y también a quienes viven en pagadiarios. En ambos casos, se otorgan valores adicionales a hogares con personas con discapacidad o que han sido víctimas del conflicto armado, priorizando así a quienes enfrentan mayores barreras para el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
Cuántos recibirán estas familias
El monto de las transferencias varía entre $40.000 y $100.000 por cada niña, niño o adolescente, según el nivel de pobreza, el grado educativo y la condición de discapacidad o de víctima del conflicto armado. El valor máximo que puede recibir un hogar es de $300.000 pesos por componente cada mes. Esta diferenciación busca responder a las necesidades específicas de los hogares más vulnerables y garantizar que el apoyo económico tenga un impacto real en la trayectoria educativa de los menores.
La condicionalidad del programa se verifica mensualmente a través de la asistencia regular de los beneficiarios a jardines infantiles de Integración Social, colegios oficiales del Distrito y Centros Crecer para niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Según señaló la entidad, el mecanismo no solo responde a una obligación constitucional —el artículo 44 establece el derecho a la educación y el deber del Estado, la sociedad y la familia de garantizarlo—, también apunta a generar impactos sostenibles: fortalecer el desarrollo cognitivo, mejorar el rendimiento académico, prevenir la deserción escolar y promover trayectorias educativas continuas.
La política reconoce de manera explícita la situación de los hogares víctimas del conflicto armado, quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad estructural que dificultan su estabilización en la ciudad y el acceso a la educación.
El valor adicional en las transferencias busca contribuir a la reparación, la estabilización y la garantía efectiva de derechos para niñas, niños y adolescentes en estos contextos. Según la consejera Mercado, dicho enfoque pretende “aportar a nivelar la cancha y a un mejor futuro”, invirtiendo en educación como vía para la inclusión y el arraigo.
El seguimiento a la asistencia escolar y la activación de alertas tempranas para la deserción permiten tomar decisiones basadas en evidencia y acompañar a los estudiantes en riesgo antes de que abandonen el sistema educativo. Para el distrito esa herramienta resultará fundamental para asegurar que cada niña, niño y adolescente mantenga una trayectoria educativa continua, consolidando procesos de aprendizaje y reduciendo desigualdades desde los primeros años.
Finalmente, la Administración distrital hizo un llamado a las familias de Bogotá para que inscriban a sus hijos en la oferta educativa oficial, jardines infantiles y Centros Crecer de Integración Social, donde actualmente existen cupos disponibles. Más allá del apoyo económico, el objetivo es que las familias accedan a servicios públicos de calidad que contribuyan al bienestar y futuro de niñas, niños y adolescentes.
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