El hurto de motocicletas en Medellín y en el Valle de Aburrá no solo afecta a los propietarios que pierden su vehículo en medio de la delincuencia común, sino que también alimenta economías criminales en otras regiones de Antioquia y del país.
Investigaciones recientes señalan que alrededor del 20% de las motos robadas en el departamento terminan en manos de estructuras armadas ilegales, principalmente el Clan del Golfo.
Según datos de la Policía Nacional citados por El Colombiano, en 2024 se reportaron 4.548 motocicletas hurtadas en Antioquia. De esa cifra, 3.924 casos (el 86%) ocurrieron en los 10 municipios del Valle de Aburrá, y 3.088 (el 67%) se registraron en Medellín.
La concentración de vehículos en esta zona explica en parte la magnitud del fenómeno: de acuerdo con el Área Metropolitana, allí circulan más de 1,3 millones de motocicletas.
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Destinos y usos de las motos hurtadas
De acuerdo con el colectivo Motos Robadas y Encontradas (MRE), cerca de la mitad de los robos están ligados al desguace: las motos son desarmadas y comercializadas como repuestos en el mercado ilegal.
Un 30% se destina a la práctica conocida como “gemeleo”, que consiste en alterar y revender los vehículos con documentación falsa o entregarlos como obsequios con la condición de no sacarlos de ciertos barrios para evitar controles.
El restante 20% sale del Valle de Aburrá y es trasladado a zonas donde grupos armados ejercen control territorial.
Allí son utilizadas con fines logísticos, de movilidad y en actividades ilegales.
Aunque el Clan del Golfo es el principal beneficiario de estas operaciones, también se han encontrado motocicletas robadas en poder de disidencias de las Farc y del ELN, aunque en menor proporción.
El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, explicó a El Colombiano que estos vehículos suelen ser revendidos o empleados en zonas rurales con escasa presencia estatal, lo que facilita su circulación sin mayores controles.
Modelos preferidos por los grupos armados
Los tipos de motocicleta definen su destino en las economías criminales. De acuerdo con MRE, modelos de uso popular como las Boxer o las AKT NKD suelen asignarse a mototaxistas en regiones dominadas por el Clan del Golfo. Estas personas, además de movilizar pasajeros, cumplen la función de informar sobre movimientos en el territorio.
Las motocicletas tipo Enduro son especialmente apetecidas por su capacidad para desplazarse en terrenos irregulares y caminos veredales, claves para las actividades de grupos armados en áreas rurales. Otros modelos, en cambio, son requeridos para labores relacionadas con la minería ilegal o el transporte en embarcaciones usadas para mover migrantes o drogas. En estos casos, los motores son desmontados e instalados en maquinaria o lanchas, aunque su durabilidad es limitada y deben ser reemplazados con frecuencia, lo que incentiva nuevos robos.
Rutas y regiones de destino
El traslado de las motocicletas robadas hacia territorios del Clan del Golfo suele dirigirse a tres zonas de Antioquia: Urabá, Occidente y Nordeste. Estas áreas son estratégicas para la expansión y el sostenimiento de la estructura armada liderada por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo.
La ruta más utilizada para el envío de motos desde el Valle de Aburrá hacia el Urabá antioqueño pasa por Medellín, Santa Fe de Antioquia, Dabeiba, Mutatá, Apartadó y Turbo. El tránsito se realiza principalmente en horarios nocturnos o en días de semana, cuando la vigilancia policial es menor. También se emplean vías alternas que atraviesan municipios como Frontino, Peque o Murindó, zonas rurales con baja presencia institucional que permiten evitar retenes de la Policía y el Ejército.
Un caso que ilustró la magnitud de estas operaciones ocurrió en abril de 2024, cuando en Urabá fueron recuperadas 20 motocicletas robadas en el Valle de Aburrá. Todas correspondían a modelos de alto uso en esa subregión, lo que evidenció la selectividad en el hurto.
Obstáculos para la recuperación
El rastreo y recuperación de motocicletas en estos territorios es complejo. Según un investigador consultado por El Colombiano, en muchos municipios la presencia policial es reducida, con menos de diez uniformados, lo que limita la capacidad de respuesta. Además, los vehículos suelen terminar en manos de personas reconocidas en las comunidades, lo que dificulta las labores de identificación.
En algunos casos, los delincuentes extorsionan a las víctimas antes de sacar las motos de la ciudad. Les piden sumas de dinero, en ocasiones de hasta 350.000 pesos, con la promesa de devolver el vehículo y sin que presenten denuncia ante las autoridades. Sin embargo, el objetivo real es ganar tiempo para transportar las motocicletas hacia las regiones donde finalmente quedarán bajo control de los grupos armados.
El hurto de motos en Medellín y el Valle de Aburrá, más allá de ser un problema de seguridad ciudadana, se ha consolidado como una fuente de abastecimiento para el Clan del Golfo y otras estructuras criminales que encuentran en estos vehículos una herramienta útil para mantener sus economías ilícitas y su capacidad de movilidad en las zonas donde ejercen influencia.
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