Exviceministro Rojas advierte riesgos fiscales por decreto que permite entrega anticipada de bienes de la SAE

La expedición del Decreto 0888 de 2025 por parte del Ministerio de Hacienda de Colombia desató una fuerte controversia en el ámbito jurídico y fiscal. La norma, que permite la “transferencia anticipada de activos estratégicos” administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), fue presentada por el Gobierno como un paso decidido en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el exviceministro de Justicia de Colombia, Camilo Andrés Rojas Castro, advirtió sobre “alto riesgo fiscal, concentración de poder y debilitamiento institucional” como posibles consecuencias directas de la medida.

De acuerdo con las disposiciones del nuevo decreto, la SAE podrá entregar bienes inmuebles a otras entidades públicas sin sentencia firme de extinción de dominio, con el argumento de agilizar el uso social de los activos arrebatados a estructuras criminales. Esta decisión, defendida oficialmente por el Ministerio de Hacienda, ha generado alarma entre expertos y exfuncionarios del sector justicia, quienes señalan que se afecta la seguridad jurídica del país y se abre espacio para eventuales demandas contra la Nación.

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Camilo Andrés Rojas Castro, quien ejerció como viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, expuso a través de un hilo en su cuenta de X cuatro aspectos que, según él, configuran serios peligros en la operatividad del decreto. La primera de sus advertencias apunta a que, al habilitar la entrega anticipada de bienes en litigio sin fallo definitivo, el Estado podría quedar expuesto a millonarias indemnizaciones si en el futuro se determina que la extinción fue improcedente. En palabras del propio exfuncionario: “El riesgo lo pagará el erario, no los funcionarios que firmaron”.

El segundo punto señalado por Rojas Castro señala la “concentración de poder discrecional” en la SAE y el Ejecutivo, quienes a partir del decreto están facultados para definir qué bienes son considerados estratégicos y a quién se asignan. El artículo 4 del decreto elimina recursos administrativos para cuestionar estas decisiones, lo que, para el exviceministro, constituye una “carta blanca” para adjudicaciones políticas sin posibilidad de revisión.

La tercera crítica se refiere al blindaje frente al control ciudadano. Las nuevas reglas excluyen la interposición de recursos y fijan plazos perentorios para el registro de los bienes transferidos en notarías, trámite que debe completarse en cinco días. Para Rojas Castro, esta disposición “limita el escrutinio público y favorece operaciones veloces, opacas y sin debate”, según sus declaraciones en X.

El cuarto y último aspecto destacado por Rojas Castro señala el llamado “saneamiento exprés de títulos”: el decreto establece que una vez traspasada la propiedad, cualquier vicio jurídico sobre el bien, incluso los que surjan posteriormente, quedará automáticamente subsanado. A juicio del exviceministro, dicho mecanismo podría terminar legalizando irregularidades sin que medie control judicial. En una de sus intervenciones más citadas resume: “bajo el discurso de ‘política pública y función social de la propiedad’, este decreto crea un mecanismo para redistribuir miles de millones en activos con mínima transparencia, alto riesgo fiscal y enorme potencial de uso clientelista”.

Los señalamientos van más allá del ámbito de la administración de bienes. Rojas Castro sostiene que la medida representa un golpe directo al FRISCO (Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado), fondo autosostenible que opera por medio de la SAE y que renta y destina para fines públicos los activos incautados al crimen organizado. De materializarse la transferencia anticipada de esos activos (sin condenas definitivas), el FRISCO perdería su portafolio más valioso y la SAE dejaría de ser un gestor proactivo para convertirse en un tramitador de transferencias, disminuyendo votos ingresos y restándole influencia estratégica en la política criminal.

Rojas Castro subrayó que quitarle capacidad patrimonial y operativa a la SAE debilita la herramienta prioritaria del Estado para afectar las finanzas del narcotráfico y el lavado de activos. Si los bienes se entregan con carácter anticipado y finalmente no recaen condenas, la obligación de indemnizar recaería sobre recursos públicos, lo cual podría desincentivar procesos futuros de incautación y extinción de dominio.

El decreto, bajo el argumento de acelerar la implementación de políticas sociales, centraliza el control de bienes estratégicos en manos del Ejecutivo y estrecha los contrapesos institucionales. Diversos sectores advierten que los cambios podrían conducir a la desaparición de la SAE como órgano independiente de gestión de activos, dejando su papel reducido al de facilitador de transferencias.

Desde sectores políticos y gremiales se demandó la revisión del decreto y el establecimiento de mayores salvaguardas. Algunas voces legislativas anunciaron la intención de impulsar debates sobre el alcance de la norma en el Congreso.

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, sostuvo que la nueva normativa responde a la necesidad de dar un uso más social a los bienes y de incrementar la eficiencia estatal frente a los desafíos del crimen organizado y el lavado de activos. Hasta el momento, la SAE no se ha pronunciado públicamente sobre los comentarios del exviceministro ni sobre la eventual existencia de un plan para reconfigurar el esquema actual de gestión de activos.