Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

Nariño atraviesa una situación crítica tras la difusión de imágenes en las que miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), bajo el mando de alias Iván Mordisco, presuntamente obligaron a la comunidad a participar en la inauguración de un polideportivo y a entonar el himno del grupo armado, según informó Noticias RCN.

El hecho, conocido el 9 de agosto, ocurrido en una zona donde la presencia estatal es débil, revela cómo el control territorial se encuentra en manos de organizaciones criminales que actúan abiertamente frente a la población civil.

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De acuerdo con el medio citado, el acto protocolario incluyó la asistencia de numerosos habitantes de la zona, entre ellos mujeres y niños, quienes fueron congregados por la estructura armada ilegal para la entrega de la obra.

El medio obtuvo registros visuales en los que se evidencia la participación activa de menores durante la actividad, lo que intensifica la preocupación por la utilización de la infancia en contextos dominados por la violencia.

En una publicación realizada a través de su cuenta de X, las disidencias lideradas por Iván Mordisco declararon: “Las FARC-EP siguen construyendo poder popular junto a las comunidades. En esta ocasión hacemos entrega de un polideportivo en el departamento de Nariño”.

Noticias RCN destaca que esta acción, más allá de la entrega de infraestructura, constituye un mensaje político y militar, ya que exhibe el reemplazo de la autoridad estatal por el control de organizaciones armadas ilegales.

Según el mismo medio, el acto no solo simboliza la capacidad de las disidencias de las Farc para gobernar de facto sobre áreas enteras, sino que muestra estrategias empleadas para afianzar su presencia, como la convocatoria de la comunidad para eventos públicos.

Un analista consultado por Noticias RCN explicó: “En esta área lo que se hace es crear el imaginario de que los grupos armados ilegales tienen el control territorial y hacen el bien (...) Hay una violación directa al derecho internacional humanitario”.

Y es que en esta región fronteriza, el flujo de personas y mercancías, el manejo de rutas de contrabando y la ejecución de obras públicas han quedado en manos de bandas criminales y disidencias de las Farc, mientras la intervención del Gobierno nacional es prácticamente inexistente.

La inauguración de infraestructura por parte de una estructura criminal incluye a la población local, bajo vigilancia armada, consolidando un mensaje de poder frente a la ausencia estatal.

Comunidad en zona rural de Jamundí era extorsionada con el pretexto de construir una carretera

Con maquinaria pesada y trabajadores en terreno, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Jamundí asumirán el control de una vía rural levantada por disidencias de las Farc, que conecta los corregimientos de San Antonio y Villacolombia, al sur del departamento.

La obra, iniciada por la estructura armada Jaime Martínez, fue financiada con fondos producto de extorsiones y otras actividades ilegales en la zona.

De acuerdo con las autoridades, la intervención busca que el corredor beneficie exclusivamente a la comunidad local, y no a grupos que tienen como objetivo emplearlo para el traslado de material ilícito, como armas y drogas, o insumos vinculados a la minería ilegal.

La gobernadora Dilian Francisca Toro señaló que la administración departamental y la municipal sumarán recursos, maquinaria y personal para consolidar una infraestructura que responda a necesidades legítimas de movilidad y acceso de los pobladores.

Toro afirmó: “Así como lo hicimos en Ampudia y Villacolombia, vamos a arreglar esta vía terciaria para que sirva al progreso y no a la ilegalidad. Queremos que la comunidad tenga mejores condiciones de vida y conectividad, y por eso, junto con la alcaldesa, pondremos la maquinaria y el trabajo necesario para mejorar la comunicación entre El Descanso y San Antonio”.

La funcionaria también reconoció que en la zona alta de Jamundí, los habitantes han estado sometidos a presiones y cobros ilegales, situación denunciada repetidamente ante las fuerzas militares y de policía.