
En una decisión que generó fuertes reacciones entre autoridades y ciudadanía, el Juzgado 18 Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento confirmó en segunda instancia la libertad de Juan Pablo Taborda Zamora, alias Yordi, presunto cabecilla de la banda criminal La Terraza, así como de tres mujeres señaladas por la Fiscalía como supuestas testaferros de esta estructura delictiva y de La Oficina.
El fallo, emitido el jueves 14 de agosto, ratifica lo decidido previamente por el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Antioquia, que se negó a imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra los imputados.
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La Fiscalía había apelado la determinación, argumentando que existía riesgo de obstrucción a la justicia y reiterando la gravedad de los cargos imputados: concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el juez de segunda instancia desestimó la apelación y mantuvo en firme las decisiones iniciales.
¿Quiénes son los beneficiarios de esta decisión?
Los liberados son:

- Juan Pablo Taborda Zamora, “Yordi”; exlíder de La Terraza, acusado de ser uno de los hombres de confianza del asesinado cabecilla Édinson Rodolfo Rojas, alias Pichi Gordo.
- Diana Marcela Olaya Galeano, exesposa de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, considerado el actual líder de La Terraza y reconocido por su participación en la mesa de paz urbana con el Gobierno nacional. Tiene restricción para salir del país.
- Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, viuda e hija, respectivamente, de Pichi Gordo. Ambas mantienen medida de detención domiciliaria.
También fue beneficiado con la libertad el hijo de Douglas, Daniel Muñoz Olaya, que había sido imputado por los mismos delitos. Por su parte, Johanna Andrea Yepez Bedoya, exesposa de Yordi y actualmente radicada en Estados Unidos, aún no ha comparecido y tiene pendiente una imputación virtual.
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Contexto: una investigación debilitada desde el inicio
Las capturas, realizadas el 9 de junio de 2025, fueron anunciadas como un “duro golpe” a las finanzas criminales del Valle de Aburrá. La Policía y la Fiscalía informaron que los implicados habrían participado en operaciones de blanqueo de capitales por montos cercanos a 1,4 millones de dólares.
En los operativos se incautaron bienes y dinero en efectivo, entre ellos:
- $363 millones en efectivo y 7.290 dólares
- Dos vehículos de alta gama (Toyota 4Runner y Corolla)
- 18 relojes de lujo, incluidas marcas como Cartier y Rolex
- Una pistola rosada y 18 cartuchos
- Documentación contable, celulares y tablets
- Objetos relacionados con santería

La lujosa vivienda de Yordi, ubicada en el Eje Cafetero, contaba con piscina y altares de santería, un detalle que llamó la atención de los investigadores por su posible vínculo con rituales utilizados por líderes criminales para protegerse o controlar sus entornos.
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Sin embargo, durante la audiencia de control de garantías, la Fiscalía no logró demostrar con solidez la necesidad de imponer medidas restrictivas de libertad. El juez de primera instancia cuestionó la debilidad del material probatorio, señalando que la Fiscalía había fallado en establecer los nexos concretos entre los bienes incautados y las actividades ilícitas.
Esta misma postura fue adoptada por el juez de segunda instancia, que ratificó la falta de rigor en las pruebas y desestimó la solicitud de enviarlos a prisión mientras avanza el proceso.

¿Qué sigue en el proceso?
La Fiscalía aún debe presentar la formulación de acusación contra los implicados, para lo cual deberá reforzar su acervo probatorio. También se espera que se defina si el ente acusador solicitará una orden de captura contra alias Douglas, que ya purga una condena de 32 años de prisión por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.
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Douglas generó polémica recientemente al afirmar, sin pruebas, que la mafia ha financiado campañas de todos los alcaldes de Medellín, declaraciones que aumentaron la atención mediática sobre el caso y alimentado el debate público sobre las relaciones entre la política y el crimen organizado.
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