La inclusión de Giovanni Vicente Mosquera Serrano en la lista de los diez más buscados del FBI marca un hito: es la primera vez que un miembro del Tren de Aragua —la organización criminal de origen venezolano— alcanza este nivel de prioridad en la persecución internacional de fugitivos.
Estados Unidos ha fijado una recompensa de tres millones de dólares (unos 13.000 millones de pesos) por información que conduzca a su captura o condena, una cifra que refleja la magnitud de la amenaza que Washington atribuye a Mosquera y a la red que lidera.
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La ofensiva estadounidense contra el crimen organizado transnacional se intensificó en los últimos años, con especial énfasis desde la administración de Donald Trump, que autorizó el despliegue de unidades aéreas y navales en el sur del mar Caribe para desmantelar carteles y pandillas que operan más allá de las fronteras de Estados Unidos.
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En este contexto, el Tren de Aragua ha sido señalado como una de las organizaciones más peligrosas y ha sido designado por el gobierno estadounidense como grupo criminal transnacional y grupo terrorista global especialmente designado.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó que la meta de esta campaña es “golpear a las estructuras criminales en su base operativa y frenar el flujo de drogas, armas y personas hacia territorio estadounidense”.
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La inclusión de Mosquera en la lista de los diez más buscados del FBI responde a los delitos que se le imputan: tráfico de drogas, terrorismo y una amplia gama de crímenes violentos.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha formalizado acusaciones en su contra, mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés) lo sancionó bajo la Orden Ejecutiva 13581, dirigida a redes criminales internacionales, y posteriormente bajo la Orden Ejecutiva 13224, que penaliza el apoyo a grupos terroristas.
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Mosquera, de 36 años y oriundo del estado Aragua, Venezuela, es identificado por la Policía y la Fiscalía colombianas como el jefe de la estructura del Tren de Aragua en Colombia, según medios como El Tiempo y el diario estadounidense The New York Post.
Su actividad delictiva se concentra especialmente en Bogotá, donde coordina redes de extorsión con una jerarquía definida: algunos miembros amenazan directamente a las víctimas, mientras otros recogen el dinero.
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La Fiscalía ha documentado amenazas de muerte contra propietarios de establecimientos nocturnos y trabajadoras sexuales que se negaban a pagar las cuotas exigidas, así como presiones para permitir la venta de licor adulterado y drogas en sus negocios.
Testimonios describen a Mosquera como un “invisible” dentro de la organización: no aparece ante las víctimas, pero autoriza las principales acciones criminales, desde asesinatos hasta ventas de estupefacientes y cobros de extorsiones, según los medios citados.
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Su relación con el ‘mandamás’ del Tren de Aragua
Su relación con Héctor Rusthenford Guerrero, alias Niño Guerrero, fundador del Tren de Aragua, se habría forjado durante su paso por la cárcel de Tocorón, en Venezuela, donde Mosquera habría actuado como uno de los sicarios más cercanos a Guerrero.
El Tren de Aragua surgió en la prisión de Tocorón y, desde 2018, ha expandido su influencia a varios países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, Perú, Chile y Ecuador.
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La banda ha sido vinculada con delitos como extorsión, homicidios selectivos, tráfico de drogas, trata de personas, explotación sexual, secuestros y lavado de dinero.
En Estados Unidos, ha ganado notoriedad por controlar edificios de apartamentos en el estado de Colorado y enviar miembros que participan en tráfico de drogas, armas y personas, así como en otros crímenes violentos.
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La estrategia estadounidense apunta a desarticular las redes de apoyo financiero y logístico de estas organizaciones.
La inclusión de Mosquera en la lista de los diez más buscados del FBI y la recompensa de 3 millones de dólares subrayan la prioridad que Washington otorga a su captura dentro de la agenda de seguridad nacional.
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