La Fiscalía General de la Nación imputó el miércoles 13 de agosto el delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los presuntos responsables del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras el sicariato perpetrado el 7 de junio en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.
Sin embargo, uno de los capturados, Carlos Eduardo Mora González, alias Veneco, no fue imputado durante la jornada, lo que generó inquietudes sobre su situación jurídica y su papel en el crimen que conmocionó al país.
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La razón detrás de esta excepción no fue producto de una decisión estratégica de la Fiscalía ni de falta de pruebas. Fuentes judiciales cercanas al caso revelaron a Infobae Colombia que el “Veneco” no tenía abogado defensor al momento de la diligencia, lo que impidió legalmente continuar con su imputación.
“Cambió de abogado. Hoy no tenía y está a la espera de un nuevo defensor. Así no se podía imputar”, explicaron fuentes oficiales a este medio. Se espera que en los próximos días se reprograme la audiencia para formalizar los cargos en su contra.
¿Quién es Carlos Eduardo Mora González y cuál fue su rol?
Alias Veneco fue el segundo capturado del caso. Con base en la investigación liderada por la Fiscalía, su papel fue clave: conducía el vehículo desde el cual le fue entregada el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador. Además, se confirmó que Mora González tiene antecedentes judiciales por delitos previos, lo que lo convierte en un actor recurrente dentro del mundo criminal.
De acuerdo con los relatos recogidos por el ente acusador, el menor, que permanece bajo custodia de las autoridades en un centro especializado de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), recibió el arma y las instrucciones en este vehículo. La Fiscalía considera que el “Veneco” facilitó directamente la comisión del crimen al actuar como eslabón logístico entre los autores materiales y quienes orquestaron el ataque.
Aunque su no imputación generó especulaciones iniciales sobre una posible colaboración con las autoridades, los funcionarios judiciales descartaron esa hipótesis. Aseguran que se trata de una cuestión procesal relacionada con el derecho a la defensa técnica, sin la cual no puede avanzarse en la audiencia de imputación.
“Llevan procesos por el mismo hecho pero en diferente noticia criminal. No influye en nada. Simplemente se imputaron estos cuatro y se cuadró la audiencia para el otro”, aclararon a Infobae Colombia.
Los imputados: planificación, roles y estructura del crimen
Durante la audiencia, la Fiscalía formalizó cargos por homicidio agravado a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi; Cristian Camilo González Ardila; Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela; y William Fernando González Cruz, alias El Hermano. En el caso de Martínez y González Cruz, también se sumó el delito de concierto para delinquir agravado, dado que, según los investigadores, se encontraron nuevos elementos probatorios que los vinculan con una estructura organizada.
Los roles de los implicados están claramente diferenciados:
- Arteaga Hernández habría sido el cerebro detrás del atentado. Coordinó el ataque, seleccionó a los participantes y facilitó el arma.
- Katherine Martínez actuó como “pantalla”, trasladando el arma y realizando labores de camuflaje junto al menor.
- González Cruz participó en la planeación, reconocimiento del lugar y facilitó la huida de otros implicados tras el ataque.
- González Ardila fue el encargado de recoger al joven sicario tras ejecutar los disparos, aunque finalmente no logró cumplir ese rol por la presencia policial.
Todos ellos permanecen privados de la libertad, enfrentando delitos que incluyen concierto para delinquir agravado, utilización de menores para cometer delitos, porte ilegal de armas y ocultamiento de pruebas, además del homicidio agravado por la muerte del senador.
Por otra parte, el menor que disparó contra Uribe Turbay fue capturado en flagrancia el día del atentado. Durante su testimonio en las audiencias preliminares, aseguró que le ofrecieron $20 millones por el asesinato, una suma que solo sería entregada una vez el senador confirmara su muerte.
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