El coordinador regional de la UNP para Antioquia Eder Fabián Bejarano confirmó un ajuste en el esquema de seguridad del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y aclaró que la modificación no implica una reducción del 60 %, como se había afirmado.
Según Bejarano, el ajuste se realizó siguiendo las recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y las evaluaciones de la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar la protección del alcalde sin poner en riesgo su seguridad, afirmó en entrevista con El Tiempo.
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Frente a la afirmación del alcalde sobre una presunta reducción de sus medidas, Bejarano precisó: “Sí hubo un ajuste el año pasado, atendiendo precisamente a las recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas de Protección para Servidores Públicos (Cerrem), pero en ningún momento corresponde a que se diga que se redujo el esquema o las medidas de protección en un 60 por ciento”.
El coordinador explicó que el esquema del alcalde está conformado tanto por personal de la Policía como de la UNP y que cualquier modificación se fundamenta en los análisis de riesgo oficiales.
La aclaración surge en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los funcionarios públicos en Medellín, tras denuncias de amenazas contra la concejala Claudia Carrasquilla, el propio alcalde, el secretario de Seguridad de la ciudad y el concejal Andrés Tobón.
Carrasquilla, con experiencia como fiscal y directora contra el crimen organizado, denunció públicamente haber recibido información sobre dos amenazas dirigidas contra su vida y la de otros funcionarios.
La concejala formalizó cuatro denuncias ante la Fiscalía, destacando el riesgo que enfrentan tanto ella como sus colegas.
La polémica sobre la eficacia de la UNP se reavivó luego del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien, según su equipo, había solicitado en más de veinte ocasiones refuerzos en su esquema de seguridad sin obtener respuesta, de acuerdo con el medio citado.
Aunque el director de la UNP, Augusto Rodríguez, negó la existencia de estas solicitudes, el caso aumentó el escrutinio sobre la capacidad de la entidad para proteger a los funcionarios.
En cuanto a los concejales Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, Bejarano indicó que pertenecen a la población de protección exclusiva de la UNP.
Tras conocer las amenazas, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y se realizaron evaluaciones de riesgo. Ambos cuentan actualmente con medidas de protección, y la UNP está reevaluando su situación ante la gravedad de los hechos recientes.
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, también ingresó en la ruta de protección de la UNP, manteniendo contacto constante con la entidad para priorizar su seguridad, siguiendo los protocolos establecidos.
Bejarano recordó que las evaluaciones de riesgo ordinarias requieren un plazo de 30 días hábiles desde el inicio del proceso y la realización de entrevistas, pero subrayó que, en casos de inminencia y gravedad, el director de la UNP puede autorizar medidas provisionales, como ya se hizo con los concejales amenazados.
En medio de esta tensión, el alcalde Federico Gutiérrez ha insistido en que las amenazas contra él y otros dirigentes son reales y graves.
“Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro en Colombia”, advirtió en su cuenta de X, señalando que la información sobre un presunto plan de las disidencias de las Farc para atentar contra él y varios concejales ha intensificado la inquietud política en Medellín.
Gutiérrez también mencionó al senador Miguel Uribe Turbay, resaltando su trayectoria política y el impacto que ha tenido en la defensa de los derechos ciudadanos: “silenciaron a un líder por pensar diferente y por defender la democracia y las libertades“.
El alcalde, quien decretó tres días de duelo en Medellín en solidaridad con la familia del senador y en rechazo a la violencia política, ha reiterado que “los violentos no pueden triunfar” y que no permitirá que se callen las voces críticas en el país.
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