La compra frustrada de cinco motocicletas para la Policía de Chapinero se convirtió en el centro de un nuevo debate sobre contratación pública en Bogotá. Lo que inició como un proceso para reforzar la seguridad local, terminó bajo la lupa de la Contraloría Distrital, que busca esclarecer por qué el precio pactado superaba ampliamente el pagado en otras localidades por vehículos similares.
El contrato en cuestión, identificado con el número 279 de 2025, fue suscrito por la Alcaldía Local de Chapinero, bajo la dirección de Alexandra Mejía Guzmán. El documento establecía un valor de 93,6 millones de pesos por cada motocicleta, una cifra que llamó la atención cuando se comparó con los $52 millones pagados en Barrios Unidos y Suba, con el mismo proveedor.
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La diferencia encendió las alarmas. Los concejales Daniel Briceño y Diana Diago denunciaron públicamente el posible sobrecosto, y la presión política llevó al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a ordenar la terminación anticipada del contrato. La decisión se formalizó el 6 de agosto, según confirmó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.
Alexandra Mejía explicó que el proceso arrancó el 10 de marzo, sin que llegaran solicitudes de información a través de la plataforma Secop. Por ello, se optó por contactar directamente a varios proveedores. Entre el 18 de marzo y el 3 de abril llegaron las cotizaciones, cuyo promedio rondó los 96 millones por unidad.
“El contrato de Chapinero se adjudicó el 27 de junio, mientras que Barrios Unidos lo hizo el 22 de julio y Suba el 11 de agosto, evaluando los procesos bajo los mismos criterios”, detalló. También afirmó que los estudios previos y el pliego de condiciones se publicaron el 23 de mayo, sin recibir observaciones, y que el pliego definitivo se expidió en agosto.
Frente a las críticas por el valor acordado, la funcionaria señaló que en ningún momento se recibieron las motocicletas ni se hicieron pagos, por lo que no hubo informes de supervisión. Según dijo, cuando surgieron las denuncias, se evaluaron dos opciones, adquirir más motos a un precio promedio de $54 millones o comprar las cinco ya contratadas a ese valor. Finalmente, se optó por liquidar el contrato “de mutuo acuerdo, con valor cero”.
Mejía insistió en que respeta el trabajo de los entes de control y lamentó que en medio del debate se haya insinuado que su administración “se robó” el dinero. “Nuestra función como funcionarios públicos es atender las visitas, brindar la información que nos solicitan, y así lo hemos hecho”, puntualizó.
La investigación de la Contraloría
La Contraloría Distrital realizó una visita administrativa al Fondo de Desarrollo Local de Chapinero para examinar los documentos y verificar cada etapa del proceso. Andrés Rojas, director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local del organismo, explicó que el objetivo es establecer si hubo detrimento patrimonial o irregularidades disciplinarias.
“Desde la Contraloría de Bogotá continuaremos verificando el uso de todos los recursos, especialmente en asuntos sensibles para la ciudadanía, como la seguridad de los bogotanos”, afirmó Rojas.
La entidad no precisó plazos para entregar los resultados, pero confirmó que mantendrá un seguimiento estrecho sobre este caso y otros que involucren contratación en las localidades.
El episodio puso en discusión la transparencia en la compra de bienes para la seguridad. El hecho de que, con el mismo proveedor, el precio en Chapinero fuera casi el doble que en otras zonas de la ciudad, abrió un debate sobre la eficacia de los mecanismos de cotización y evaluación de ofertas.
Aunque el contrato fue liquidado sin desembolsos, la polémica reflejó cómo la percepción pública de posibles sobrecostos puede erosionar la confianza en la administración local. Para la Contraloría, este tipo de casos requieren un control riguroso no solo para prevenir pérdidas económicas, también para proteger la credibilidad de las instituciones.
Mientras avanza la investigación, la administración local asegura que entregará toda la información solicitada y que no tiene nada que ocultar. El desenlace dependerá de lo que determinen los órganos de control, que ya tienen en sus manos los documentos clave del proceso.
Por ahora, lo que queda claro es que el contrato 279 de 2025 no solo no cumplirá su objetivo inicial de fortalecer la movilidad de la Policía de Chapinero, sino que también se ha convertido en un ejemplo de cómo la gestión de los recursos públicos puede ser cuestionada incluso antes de ejecutarse.
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