
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) condenó de manera tajante la existencia de un plan criminal para atentar contra la vida del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga.
El comunicado, emitido este martes 12 de agosto en Bogotá, manifiesta el profundo rechazo y preocupación de las ciudades capitales del país frente a la amenaza contra un mandatario electo democráticamente.
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“Este tipo de amenazas no solo atentan contra la integridad de un mandatario elegido democráticamente, sino que vulneran de manera directa los principios fundamentales del Estado de Derecho, la institucionalidad y la democracia misma”, advirtió Asocapitales en su mensaje oficial, publicado tras conocerse detalles del posible atentado. La organización fue enfática al señalar que los hechos son una afrenta no solo contra una persona, sino contra el sistema democrático y la convivencia nacional.
En su declaración, Asocapitales hace un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para que se brinde toda la protección necesaria al alcalde Gutiérrez y a su equipo de trabajo, y demanda avances concretos en la investigación y judicialización de los responsables de este grave hecho.
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“El Gobierno Nacional y las autoridades deben actuar de inmediato para garantizar su seguridad. Los colombianos no podemos permitir que la violencia política se vuelva paisaje”, se lee en el texto difundido.
La Asociación extendió su solidaridad con el mandatario: “Reiteramos nuestra solidaridad con el alcalde de Medellín y su familia, y reafirmamos que ninguna amenaza podrá quebrantar nuestro compromiso conjunto con la defensa de la vida, la institucionalidad y la democracia en Colombia”, sostuvo la entidad, que agrupa a los alcaldes de las principales ciudades del país.
Asocapitales también reafirmó su respaldo a los mandatarios municipales bajo amenaza y reconoció la labor de quienes trabajan bajo presión por la seguridad ciudadana. “La Asociación seguirá alzando su voz en defensa de los mandatarios locales, que con valentía y compromiso trabajan día a día por el bienestar de millones de ciudadanos”, subrayó el pronunciamiento.
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Contexto del plan criminal y reacción institucional
La reacción de Asocapitales se da luego de que autoridades locales y medios de comunicación dieran a conocer la existencia de un plan criminal presuntamente dirigido por disidencias de las FARC para atentar contra varios líderes políticos de derecha en Colombia. Según difundieron Blu Radio y Semana, la alerta sobre este plan llegó a la capital antioqueña en mayo, cuando un recluso de alto perfil en la cárcel de Cómbita habría informado que las disidencias habrían destinado más de ocho millones de dólares para ejecutar atentados contra figuras como Federico Gutiérrez, Claudia Carrasquilla, Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, entre otros.
Frente a esta amenaza, las autoridades locales pusieron en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional la gravedad del caso y solicitó reforzar urgentemente el esquema de seguridad del alcalde y los otros señalados como posibles objetivos. El 27 de junio, la Fiscalía remitió un auto a la Unidad Nacional de Protección (UNP), exigiendo un estudio de riesgo actualizado y mayores medidas de seguridad.
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En paralelo, la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, también en la lista de amenazados, solicitó protección tras ser informada oficialmente por la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad acerca de la amenaza en su contra atribuida al Frente 33 de las FARC. La UNP le otorgó un nivel extraordinario de riesgo, un escolta y un vehículo, mientras la Policía asignó dos hombres adicionales a su protección.
Otras fuentes citadas por Semana apuntan a que el ataque contra Gutiérrez podría haberse planeado mediante el uso de drones y con la participación directa de integrantes de estructuras criminales del Valle de Aburrá.
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Tensión nacional tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay
Las amenazas contra Gutiérrez y otros líderes políticos surgen en un ambiente de alta tensión tras el reciente magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El atentado, que acabó con su vida el 11 de agosto, encendió las alarmas en todo el país y ha llevado a diversas organizaciones y figuras públicas a exigir mayores garantías de seguridad para los dirigentes del sector público.

“Los colombianos no podemos permitir que la violencia política se vuelva paisaje”, enfatizó nuevamente Asocapitales en su comunicado, instando a la sociedad y a las autoridades a cerrar filas en defensa de la institucionalidad y la democracia. El pronunciamiento concluyó asegurando que ningún tipo de amenaza ni actuación criminal podrá debilitar el compromiso de las ciudades y sus mandatarios con la vida, la convivencia y el funcionamiento del Estado de Derecho.
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