Tras magnicidio de Miguel Uribe, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo se fueron contra Petro por actitud de “desdén e indiferencia” con la oposición

En medio de la conmoción por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, los exjefes negociadores del proceso de paz Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo lanzaron duras críticas contra el gobierno de Gustavo Petro por lo que califican como su falta de compromiso con la protección de la oposición y la implementación efectiva del Acuerdo de Paz de 2016.

Según el comunicado divulgado por ambos exfuncionarios, la muerte de Uribe Turbay constituye “un durísimo golpe al Acuerdo de Paz de 2016”, ya que él no solo lideraba la oposición desde el primer lugar de la lista al Senado por el Centro Democrático, sino que representaba el espíritu de transición política que implicó el proceso de paz y el desarme de las Farc, según comentaron.

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Destacaron que el acuerdo contenía como uno de sus principios básicos “romper el vínculo entre política y armas”, y que, para proteger a la oposición, se estableció el compromiso de crear garantías efectivas para el ejercicio político en el país.

“Siempre dijimos que un principio y un objetivo fundamental del Acuerdo era romper el vínculo entre política y armas. Eso supuso, por una parte, el desarme de las FARC y su tránsito a la vida civil en el marco de un acuerdo que deja sin piso cualquier noción de lucha armada. Y por la otra, como dice el Acuerdo, que “en un escenario de fin del conflicto se deben establecer las máximas garantías posibles para el ejercicio de la política” y en particular “unas mayores garantías para el ejercicio de la oposición política”, señala el comunicado.

De la Calle y Jaramillo recordaron que el Estatuto de Garantías para la Oposición, producto de más de un cuarto de siglo de intentos infructuosos, otorga a la oposición derechos como “disponer de los mismos medios que el Presidente de la República para responder a su intervención en la instalación del Congreso”, exigir “el mismo tiempo a la misma hora en las cadenas de televisión que las alocuciones presidenciales” y asumir automáticamente curules en los principales órganos legislativos cuando no ganan las elecciones, garantizando así la pluralidad y el control político.

No obstante, los exnegociadores insistieron en que el derecho esencial en el contexto colombiano es la protección física, crucial en un país históricamente marcado por la violencia política.

Citando el Estatuto, enfatizaron que la ley prevé “programas de protección y seguridad... para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición”, enmarcados en el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, reglamentado en 2017.

En esa línea, De la Calle y Jaramillo señalaron que, aunque el acuerdo obliga a promover “la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización” hacia quienes ejercen la oposición, estos valores no se han materializado en acciones concretas.

Incluso, acusaron al presidente Gustavo Petro de mostrar una actitud de “desdén e indiferencia, por no decir de desprecio” hacia el Sistema Integral de Seguridad y la implementación de las garantías políticas pactadas, y señalaron que incluso el Comisionado de Paz del actual gobierno ha reconocido un “divorcio” dentro del Ejecutivo y ha eludido responsabilidad respecto a la puesta en práctica del acuerdo.

“Estas no pueden seguir siendo palabras sin sentido. La actitud del Presidente Petro frente al Sistema Integral de Seguridad, que incluye “una instancia de alto nivel” en la Presidencia de la República, y la promoción de la convivencia ha sido la misma que ha tenido frente a todo el Acuerdo: de desdén e indiferencia, por no decir de desprecio. Por estos días su Comisionado de Paz añade sin parpadear que hay un “divorcio” al interior del Gobierno y que él tampoco tiene responsabilidad por la implementación del Acuerdo, sino un funcionario de tercer nivel en su oficina", señalan los exnegociadores de paz.

Según el comunicado, la situación se agrava en regiones con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), que describen como “abandonadas al crimen organizado”, y critican que el gobierno haya dialogado con grupos armados “sin propósitos y métodos claros y sin un marco legal”.

Si se confirma que la Segunda Marquetalia está detrás del asesinato de Uribe Turbay, los exnegociadores advierten que quedaría en evidencia una “terrible equivocación” del gobierno al permitir que estos actores armados sigan operando al margen de la legalidad.

Como parte de sus reflexiones, los firmantes advirtieron que los procesos de paz no son lineales y citaron el caso de Irlanda del Norte, donde continuaron episodios violentos tras la firma de los acuerdos, pero donde la perseverancia del gobierno permitió consolidar avances democráticos.

En la carta, De la Calle y Jaramillo hicieron un llamado urgente para que el Gobierno “se tome en serio su responsabilidad legal y constitucional de proteger a la oposición política, como a los firmantes de paz, implementando el Sistema Integral y fortaleciendo las tan debilitadas capacidades de inteligencia del Estado”.

Al cierre, rindieron homenaje a Uribe Turbay como “un fiel y brillante opositor, entregado a la cosa pública, y un demócrata”, cuyo asesinato consideran un acto cobarde que pone en riesgo los frágiles pilares de la democracia y la paz en Colombia.