
El Juzgado Administrativo de Bogotá inadmitió la acción popular presentada por la concejal Quena María Ribadeneira y la edilesa de Teusaquillo, Mónica Naar Pardo, contra el contrato de arrendamiento que habilita la operación del recinto Vive Claro en los lotes 15 y 16 del Parque Metropolitano Simón Bolívar.
El tribunal consideró que la demanda carece de pruebas suficientes y no especifica de manera concreta las afectaciones denunciadas, por lo que otorgó un plazo de tres días para corregir y aportar los elementos requeridos, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley 472 de 1998.
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El contrato de arrendamiento firmado el 28 de noviembre de 2023 permitió a Ocesa Colombia S.A.S. y la Beneficencia de Cundinamarca el uso exclusivo de 249.000 metros cuadrados durante cinco años, por un canon mensual de $361 millones. El predio, entre la calle 53, calle 26 y carrera 60, se destina a espectáculos masivos y construcción de estructuras temporales, con capacidad para 40.000 personas en el área general y 5.800 en el pabellón cubierto.
Las demandantes aseguran que el acuerdo fue suscrito sin licitación pública ni conformación de asociación público-privada, en presunta contravención de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1508 de 2012. Además, critican cláusulas que favorecen a Ocesa, como derecho preferente de renovación, exención de pagos en la fase de adecuación y ausencia de competencia abierta a otros interesados.
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La demanda también pide vincular a 13 entidades públicas, incluidas la Alcaldía de Bogotá, la Procuraduría General, la Contraloría General y la Superintendencia de Industria y Comercio, y solicita la suspensión y terminación del contrato, además de un ajuste a la gestión contractual de la Gobernación de Cundinamarca y la Beneficencia conforme a la normativa vigente.
Argumentos y observaciones del juzgado
El juzgado consideró que la demanda no precisaba de forma clara el daño concreto a los derechos colectivos que la acción buscaba proteger. A pesar de hacer referencia a la moralidad administrativa, la libre competencia, la seguridad y la planificación urbana, las demandantes no brindaron detalles ni explicaciones específicas sobre los efectos negativos para la comunidad.
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Otra falencia señalada fue que, antes de presentar la demanda, Ribadeneira y Naar pidieron la terminación del contrato a las entidades responsables, pero no esperaron el plazo legal de 15 días para la respuesta. El juzgado explicó que no era posible afirmar que las entidades fueran renuentes o que se hubieran negado a responder, pues el término seguía en curso en el momento en que se radicó la acción.

El tribunal también advirtió que no existía evidencia de perjuicio irreparable ni prueba de que se hubiera solicitado la intervención de las 13 entidades mencionadas. Además, las demandantes no acreditaron la existencia de un daño inminente y grave que permitiera omitir el cumplimiento de los pasos procesales requeridos.
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En el auto de inadmisión, el juzgado sostiene que “en aras de evitar un desgaste innecesario de la administración de justicia y garantizar el derecho de acceso a la misma, se inadmitirá la presente acción”, aunque otorga un plazo de tres días para presentar las aclaraciones y pruebas exigidas, bajo advertencia de que se podría rechazar la demanda de manera definitiva.
Futuro del recinto Vive Claro
El nuevo recinto Vive Claro está prácticamente listo para su inauguración. El 27 de julio se prevé la realización del primer concierto, mientras tanto la agenda para el segundo semestre incluye a artistas internacionales como Green Day, Shakira, Imagine Dragons, My Chemical Romance, Kendrick Lamar y Guns N’ Roses.
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Según Ocesa Colombia, la empresa a cargo del recinto, el 75% del espacio corresponde a áreas verdes y solo se endurecerán seis hectáreas de las 24 disponibles, cumpliendo la exigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. La Secretaría de Ambiente descartó que el predio constituya un humedal, aunque recomendó la conservación de la conectividad ambiental de la zona.

Clubes de fans de varios artistas participaron en una siembra simbólica de árboles previa a la apertura, mostrando el carácter ecológico y sostenible promovido por los organizadores. Sin embargo, residentes y ambientalistas persisten en sus críticas por el uso del terreno y las posibles afectaciones ambientales.
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Ruth, directora del Vive Claro, afirma que el espacio “estuvo abandonado más de 50 años” y que ahora se transforma en un escenario inclusivo para la cultura y el disfrute ciudadano.
¿Qué está en juego?
La admisión de la demanda dependerá de la capacidad de las demandantes para subsanar las falencias señaladas por el juzgado y presentar las pruebas que fundamenten sus denuncias. Mientras tanto, el proyecto Vive Claro y su programación continúan, en medio del debate sobre la gestión del espacio público, la transparencia en la contratación y la preservación ambiental en Bogotá.
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