Tres rutas del país tendrán seguridad máxima: así operará el nuevo escudo contra asaltos y narcotráfico

En una declaración conjunta, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunciaron un conjunto de medidas destinadas a mejorar la seguridad de los transportadores en las carreteras del país, con especial énfasis en tres corredores estratégicos.

“Es un aumento de la fuerza pública en estos corredores que son la Panamericana, que cubre buena parte del caude en general del sur del país, la vía Quinto de Medellín y el sur del César, son los tres corredores que vamos a priorizar”, señaló la ministra Rojas.

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La funcionaria precisó que, si bien otros tramos como Buenaventura–Cali tendrán un plan especial, “estos tres van a ser priorizados en este plan de choque”. En estas rutas, explicó, “va a aumentar la escolta del ejército, la escolta de la fuerza pública que acompaña a los transportadores en la vía”.

El plan también contempla la presencia de unidades de la fuerza pública en “sitios críticos que han sido también denunciados por los transportadores como los sitios complejos en materia de seguridad”.

Asimismo, se implementará “un despliegue de las capacidades diferenciadas dependiendo los puntos del corredor. Se requieren drones, antidrones, se requieren grupos especiales, otros elementos de logística como vehículos tácticos en las cuales también el sector transporte hace aportes importantes”.

Durante la misma intervención, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, subrayó la importancia de la medida al señalar que “el 25% de droga incautada en el país se mueve por las carreteras”, lo que convierte estos operativos en una acción clave para atacar de forma simultánea la inseguridad y el narcotráfico en las rutas nacionales.

Las autoridades esperan que este plan de choque brinde mayor tranquilidad a los transportadores y reduzca los riesgos en los tramos más afectados por la delincuencia y el crimen organizado.

Más medidas del Ministerio de Transporte

En línea con su propósito de modernizar la gestión pública y orientar las inversiones hacia un mayor impacto ciudadano, el Ministerio de Transporte presentó una nueva directriz que redefine la manera en que el país concibe y ejecuta proyectos de infraestructura.

Mediante la Resolución 20253040029505 del 25 de julio de 2025, la cartera estableció lineamientos técnicos que exigen que, desde la fase de prefactibilidad hasta el diseño definitivo, cada obra de transporte integre un análisis detallado sobre las necesidades, expectativas y calidad de vida de la población beneficiaria. El objetivo es claro, maximizar la rentabilidad social y reducir al mínimo los impactos negativos.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó la medida como “un paso histórico” al señalar que el país no solo construirá vías, aeropuertos o puentes, sino que “diseñará proyectos que transformen la vida de las personas, colocando sus necesidades en el centro de cada decisión”.

El nuevo marco normativo complementa —sin reemplazar— las metodologías nacionales de evaluación socioeconómica utilizadas por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, incorporando criterios sectoriales propios del transporte.

Entre los elementos clave destacan:

• Aplicación inmediata: en el Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas; uso voluntario para entes territoriales.
• Principios rectores: estructuración integral, trabajo interdisciplinario, enfoque en bienestar y evaluaciones independientes.
• Identificación de impactos: detección temprana de efectos durante la construcción y operación, con estrategias de mitigación o compensación desde la prefactibilidad.
• Rentabilidad social como criterio central en la evaluación y diseño.

Esta medida se suma a otras iniciativas impulsadas por el Gobierno para garantizar que la inversión en infraestructura no se limite al cumplimiento de estándares técnicos y financieros, sino que se convierta en un motor directo de calidad de vida, equidad y desarrollo sostenible. Con ello, el transporte deja de ser visto únicamente como un medio para mover personas y mercancías, y se reconoce como una herramienta de transformación social a largo plazo.