Iván Cepeda señaló a Tomás y Jerónimo Uribe de orquestar una supuesta campaña difamatoria en su contra: prometió represalias legales

En medio de la reciente condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno en actuación penal, el senador Iván Cepeda salió al paso a las acusaciones que ha recibido por parte de los hijos del exmandatario, Tomás y Jerónimo Uribe.

Según Cepeda, estos han emprendido una supuesta campaña en redes sociales en la cual lo acusan de ser “heredero de las Farc”. También los señaló de estar gestionando en Estados Unidos apoyos políticos para iniciar acciones judiciales en su contra.

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En un mensaje publicado en su cuenta de X, Cepeda declaró: “Hace un par de semanas, a raíz de la condena contra su padre por fraude procesal y soborno en actuación penal, los señores Tomás y Jerónimo Uribe emprendieron una campaña sucia a través de redes sociales en la que me acusan falsamente de ser heredero de las Farc. Incluso, están haciendo gestiones en Estados Unidos para buscar padrinos políticos que realicen acciones judiciales en mi contra en ese país”.

Además, el senador recordó que esta ofensiva coincide con las denuncias sobre presunta manipulación de testigos que, según afirma, seguiría realizando el abogado Diego Cadena, exdefensor de Uribe.

Cepeda enfatizó que, tras la condena del expresidente Uribe, estuvo abierto a un diálogo sobre justicia restaurativa, pero que, ante la escalada de calumnias, respondió con firmeza.

“Cuando se produjo la condena en primera instancia de Álvaro Uribe señalé que estaba dispuesto a buscar un camino de diálogo sobre la justicia restaurativa. Pero veo que se sigue optando por el camino de la calumnia. No se aprende de las lecciones del pasado”, expresó.

Finalmente, anunció que emprenderá acciones legales contra quienes, según él, han atacado su honra y su nombre: “Anuncio que estudiaré las acciones judiciales a que haya lugar ante las autoridades competentes. Son ellos quienes atacan y serán enfrentados como corresponde”.

La disputa pública entre Cepeda y los hijos de Álvaro Uribe evidencia la tensión política y judicial que rodea al exmandatario, quien enfrenta investigaciones y procesos judiciales tras su mandato presidencial.

“Desde el día en que se produjo la decisión de la señora jueza (Sandra) Heredia, las amenazas se han vuelto casi que cotidianas”, afirmó Iván Cepeda en entrevista con AFP, describiendo el clima de hostilidad que enfrenta tras la condena de Uribe, que le impuso 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal.

Esta sentencia marca un hito en Colombia: Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, es el primer expresidente condenado penalmente en el país.

El proceso judicial se remonta a 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda por supuestamente orquestar un complot para vincularlo falsamente con grupos paramilitares.

Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema revirtió la investigación y puso la mira en Uribe al descubrir maniobras para, según la jueza del caso, manipular testigos y desacreditar a su contraparte.

Cepeda, hijo de un senador comunista y miembro de la guerrilla de las Farc ―asesinado en 1994 por paramilitares con complicidad estatal―, vivió seis años en exilio en Francia por amenazas relacionadas con sus investigaciones.

En 2008, documentó la supuesta expansión paramilitar cerca de la finca ganadera de Uribe en Córdoba, denunciando la existencia del Bloque Metro, un grupo paramilitar vinculado a crímenes durante el conflicto armado y presuntamente conectado a la hacienda del expresidente.

La sentencia, según Cepeda, “abre una caja de Pandora” sobre otras investigaciones pendientes que exploran las presuntas alianzas entre Uribe, grupos paramilitares y narcotraficantes.

Para él, el fallo no solo sanciona conductas individuales, sino que cuestiona la supuesta relación histórica entre sectores políticos y estructuras armadas ilegales en Colombia.

Desde la condena, Cepeda ha recibido constantes amenazas de muerte y mensajes de odio, que atribuye a sectores que ven la sentencia como un ataque a una figura política emblemática.

Este clima refleja la polarización y persistencia de redes sociales de intimidación ligadas al paramilitarismo.

Uribe, de 73 años, cumple su condena en prisión domiciliaria. Su caso ha provocado un debate nacional intenso, con repercusiones en el Congreso y la opinión pública.

Incluso el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado, calificando de “traidores de la patria” a congresistas que buscan apoyo internacional en Estados Unidos en este contexto.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez agradeció a sus seguidores, a través de un video en redes sociales, las manifestaciones realizadas en su respaldo.

Las marchas, que se desarrollaron en más de 28 ciudades de Colombia y en el exterior, reunieron a miles de personas que corearon consignas en defensa de su inocencia.

En Bogotá, la movilización partió del parque Nacional hacia la plaza de Bolívar, pese a la lluvia. Allí participaron congresistas del Centro Democrático, quienes denunciaron una “grave injusticia” y recordaron el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Medellín vivió una jornada pacífica con discursos, incluido el de Jerónimo Uribe, hijo del exmandatario.

En Cali, la “marcha de la Gallardía” incluyó recolección de firmas para precandidatos presidenciales, mientras que en Bucaramanga y Cartagena las concentraciones se realizaron sin incidentes.

Las autoridades reportaron que en Bogotá asistieron cerca de 2.000 personas. Aunque en algunas ciudades hubo intercambios verbales con opositores, la jornada fue mayoritariamente pacífica.

Analistas destacan que estas movilizaciones reflejan la polarización política y anticipan que el proceso judicial de Uribe mantendrá la tensión en el país durante los próximos meses.