Graves faltas en el ICA: Procuraduría formula cargos por contrato clave en Bucaramanga

Una actuación disciplinaria sacude al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) por cuenta de presuntas anomalías en un proceso contractual que tenía como objetivo mejorar la infraestructura de uno de sus laboratorios en Bucaramanga.

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Deyanira Barrero León, exgerente general del ICA, así como contra Edilberto García Sierra y Alberto Castellanos Trujillo, quienes integraban el comité evaluador del proceso. Según la investigación, los tres habrían incurrido en faltas graves que comprometieron la transparencia y la legalidad del proceso.

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Los hechos se remontan al contrato relacionado con la adecuación del laboratorio de diagnóstico fitosanitario del instituto en la capital santandereana.

Uno de los puntos más sensibles del caso tiene que ver con el retraso en la entrega del informe de evaluación de las propuestas, el documento fue presentado 19 días después de la fecha fijada en el cronograma oficial, lo que, de acuerdo con la Procuraduría, pudo haber limitado el derecho de los proponentes a presentar observaciones dentro de los plazos establecidos por ley.

En el caso de García Sierra y Castellanos Trujillo, el ente de control señaló que, “presuntamente, no evaluaron a tiempo las propuestas ni tramitaron oportunamente las observaciones de los interesados”. Estas demoras, según el expediente, afectaron la regularidad del proceso de selección.

Por su parte, Barrero León es señalada por haber omitido su deber de supervisar y garantizar que se cumplieran las etapas del proceso de acuerdo con lo dispuesto en los pliegos. La Procuraduría sostiene que “habría desconocido el cumplimiento del cronograma establecido en el proceso de selección, obstaculizando el acceso a la información para los oferentes”.

En su rol como directora de la actividad contractual, Barrero tenía la responsabilidad de velar por la ejecución adecuada de todas las fases del procedimiento, lo que, según la Procuraduría, no ocurrió.

La calificación provisional de la conducta de los tres funcionarios es contundente, “gravísima y a título de culpa gravísima”, según lo determinado por la Procuraduría Cuarta Delegada para la Contratación Estatal. De confirmarse esta valoración, podrían enfrentarse a sanciones disciplinarias que incluyan inhabilidades o suspensión del ejercicio de funciones públicas.

El caso aún está en etapa de investigación, pero pone nuevamente sobre la mesa los retos en materia de transparencia y vigilancia en la contratación estatal en Colombia.

Más investigaciones en la lupa de la Procuraduría

Una nueva indagación se suma a la lista de investigaciones disciplinarias que lidera la Procuraduría General de la Nación. Esta vez, el foco está en tres hospitales públicos del departamento de Caldas, cuyos gerentes estarían incumpliendo una obligación legal, la creación de la Oficina de Control Interno Disciplinario, un requisito obligatorio para todas las entidades estatales.

La investigación avanza contra Mónica Eugenia Morales Cardona, del Hospital San Antonio de Marmato; Wilson Didier Carmona Duque, del Centro Asistencial Felipe Suárez, en Salamina; y Cristian Alejandro Parra Rojas, del Hospital San Cayetano, en Marquetalia.

El Ministerio Público busca esclarecer si efectivamente hubo omisión en la conformación de esta dependencia, y si esa presunta falta constituye una infracción disciplinaria. Además, pretende determinar si los funcionarios actuaron con justificación válida o bajo alguna causa que excluya su responsabilidad.

En el caso de Marquetalia, el gerente Cristian Parra respondió al señalamiento, asegurando que la intención de cumplir con la normativa existe, pero que la viabilidad financiera es el principal obstáculo. “Este es un proceso que requiere la viabilidad financiera de la Dirección Territorial de Salud”, explicó, añadiendo que la implementación ya está en marcha.

Parra también advirtió que muchos hospitales pequeños operan con una planta mínima y sin solvencia económica suficiente, por lo que la creación de una nueva oficina supone una carga adicional. Según él, incluso han propuesto soluciones que permitan compartir esta figura entre hospitales de menor tamaño, optimizando recursos sin dejar de cumplir con lo exigido por la ley. Mientras tanto, la Procuraduría continuará el proceso para determinar si hubo una falta disciplinaria y qué consecuencias podrían enfrentar los responsables.