
En zonas montañosas del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, se desarrolla una vía que, según denuncias de las autoridades, estaría siendo construida por integrantes de un grupo armado ilegal.
Las labores, que avanzan hacia el Naya en el Cauca, tienen como objetivo reforzar rutas utilizadas para actividades ilícitas, y han implicado, de acuerdo con habitantes, exigencias económicas a comunidades rurales.

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La carretera que atraviesa corregimientos como Villa Colombia, La Liberia y Ampudia ha sido señalada por su posible utilización para el transporte de elementos relacionados con minería no autorizada y el narcotráfico.
Según información de las autoridades departamentales, habitantes de estos sectores han manifestado que se les estarían cobrando sumas de dinero, incluso superiores a los $5 millones, como condición para evitar represalias o permitirles circular con normalidad.

“Sabemos todas las exigencias que le han hecho a la comunidad en la zona alta de Jamundí. Tanto es, que para poder salir a hacer la asonada y los secuestros que realizaron de los soldados, les decían que tenían que pagar 5 millones de pesos, porque si no salían atentaban contra ellos”, afirmó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.
Autoridades regionales han reportado que esta infraestructura no cuenta con ningún tipo de aval estatal y que se ha convertido en una preocupación debido a su posible función estratégica para consolidar el control territorial por parte del grupo armado. Toro agregó que se han comunicado estos hechos al Ejército Nacional, la Policía y al Ministerio de Defensa para su evaluación.

“Fundamentalmente, estas vías no pueden seguir sirviendo a la delincuencia para que pasen por ahí como quieran la coca, la minería ilegal y todo lo que tiene que ver con la economía ilícita”, manifestó la gobernadora.
En redes sociales han circulado grabaciones que muestran maquinaria pesada realizando trabajos en distintos tramos de esta carretera. En uno de los videos, difundido a través de la plataforma TikTok, se observa cómo se despejan caminos y se interviene el cauce del río Cauca con el fin de extender la vía.
Para enfrentar la situación, el gobierno departamental ha impulsado la creación de un Batallón de Alta Montaña, cuya futura instalación ya cuenta con predios definidos. Este cuerpo militar tendría como propósito aumentar la presencia estatal permanente en la zona y evitar que estructuras armadas continúen desarrollando infraestructura con fines ilícitos.
El jefe de la delegación para los diálogos sociojurídicos con bandas criminales, Héctor Fabio Cardozo, explicó que esta región tiene una relevancia especial por su conexión directa con el Pacífico colombiano. “Conocimos imágenes hace un par de años, donde incluso, con maquinaria amarilla oficial estaban adelantando labores para habilitar una carretera en Jamundí. Esto trae consigo pues muchas connotaciones: primero, ponen a tributar a las personas de la zona rural, que en términos generales son gente pobre; dos, suplantan el Estado obligando a las personas a tributar para una carretera que seguramente prestará servicios también a la comunidad, pero fundamentalmente tiene como intención facilitar la movilidad del grupo armado, con fines criminales”, señaló.
Cardozo enfatizó que uno de los riesgos que representa este tipo de acciones es la generación de un entorno en el que el grupo armado asuma funciones propias del Estado. Desde su perspectiva, estas acciones pueden generar un grado de legitimidad entre los habitantes, al cubrir necesidades que deberían ser atendidas por las instituciones.
Considera además que el área rural de Jamundí es esencial por su cercanía con rutas empleadas para movilizar pasta base de coca. “El Estado debe, por supuesto, actuar y tener un mayor copamiento institucional en todo el territorio. Y desde luego, si está habilitada una carretera, más que destruirla como el otro día se intentó hacer, lo que el Estado tiene que hacer es vincular esa vía al desarrollo mismo de la región y ponerla al servicio de las comunidades. Esta situación obliga al Estado a hacer mayor nivel de presencia”, afirmó.
Desde la perspectiva de líderes comunitarios, como Stuart León, se considera que el despliegue permanente de tropas podría reducir significativamente los hechos violentos. “Mientras esté la presencia 24 / 7 del Ejército, se reduciría bastante la violencia. Por ejemplo, ahora se presentan combates en Ampudia, y mientras tanto, siguen con la carretera. Este panorama parece un cáncer en el que si se soluciona un problema, salen más en otros sectores de la zona alta de Jamundí, por eso debe haber Fuerza Pública permanente”, afirmó.
La denuncia sobre la existencia de esta vía no es nueva. En 2024, la propia gobernadora había reportado públicamente la construcción de corredores similares. Actualmente, los reportes sobre el avance de la carretera se siguen difundiendo por medios digitales, mientras continúa la vigilancia militar en los alrededores del municipio.
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