Paloma Valencia celebró solicitud de la Procuraduría de anular elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional: denunció “leguleyadas”

La senadora Paloma Valencia, que además es precandidata presidencial del Centro Democrático, celebró el martes 5 de agosto la solicitud de la Procuraduría para que el Consejo de Estado anule la elección de Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector de la Universidad Nacional (Unal). La congresista argumentó que el proceso estuvo viciado por desconocer la elección legítima de Jose Ismael Peña para asumir el cargo.

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, Valencia destacó que la solicitud del ente de control se dio gracias a una demanda interpuesta por ella en contra de la elección que se desarrolló en junio de 2024.

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Sumado a esto, Valencia aseguró que la elección de Múnera fue impuesta desde el Gobierno nacional con “leguleyadas”, lo que suscitó un desconocimiento del proceso finalizado el 21 de marzo de 2024 por el Consejo Superior Universitario (CSU) en el que resultó electo Peña para liderar el rumbo de la institución pública de educación superior más importante del país.

“Su nombramiento estuvo viciado y desconoció la elección legítima de José Ismael Peña. Múnera fue impuesto por el Gobierno con leguleyadas, ignorando que el Consejo ya había escogido rector. No fue una elección, fue una maniobra política“, escribió la senadora en su publicación en la red social X.

El mensaje de la precandidata vino acompañado de un fragmento del documento de la Procuraduría en el que se detalla que la elección de Múnera para desempeñarse como rector de la Unal entre 2024 y 2027 constituye una evidente violación al ordenamiento jurídico vigente.

¿Qué argumentó la senadora en su demanda?

En julio de 2024, Valencia interpuso una demanda ante el Consejo de Estado con el fin de anular la elección de Múnera como rector de la Unal. En su acción, la senadora cuestionó la legalidad del proceso electoral que llevó al nombramiento del rector, señalando supuestas irregularidades en la selección y conformación de las instancias encargadas.

Según la aspirante a llegar a la Casa de Nariño, el procedimiento habría vulnerado principios de transparencia y participación, además de no haber garantizado un marco de neutralidad e imparcialidad. Sumado a esto, Valencia solicitó al alto tribunal evaluar si se ajustaron a las normas los actos administrativos relacionados con la designación del rector.

La congresista interpuso su demanda, en 2024, en medio de un contexto de creciente polémica política y social en torno a la autonomía universitaria y la intervención de actores externos en las instituciones de educación superior.

En su momento y a raíz de la admisión de la demanda por parte del organismo judicial, se explicó que esto no implicaba una decisión de fondo, pero que sí abría la puerta a que la justicia contenciosa administrativa revise formalmente los argumentos y las pruebas aportadas.

Sin embargo, la consecuencia de la demanda llegó más de un año después de interpuesta la demanda, lo que profundiza la discusión en torno a la autonomía de las instituciones de educación superior y a la injerencia de los poderes públicos en esta.

Así estalló el lío jurídico por la rectoría

El conflicto inició en diciembre de 2023, con una consulta electrónica en la que Múnera obtuvo el respaldo mayoritario de los estudiantes de la universidad. Sin embargo, la decisión final estaba en manos del órgano superior de la institución, lo que terminó favoreciendo a Ismael Peña y generando protestas de estudiantes y docentes que cuestionaron la legitimidad del proceso.

La polémica siguió en junio de 2024 cuando el Gobierno nacional y sectores afines defendieron la designación de Múnera, mientras que la Procuraduría sostuvo que su nombramiento fue irregular al violar el debido proceso y la legalidad, especialmente porque varios consejeros estaban recusados en la sesión relevante.

No obstante, el proceso en el alto tribunal se encuentra en la etapa final de alegatos, lo que precede a la definición de la validez de las actuaciones administrativas, para luego ser emitido el fallo que determinará el futuro de la rectoría de la Unal.