
Una operación secreta de la Policía Nacional permitió descubrir una caleta de armas en un predio administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Puerto Boyacá, gracias a información proporcionada por un informante vinculado a una supuesta “junta directiva del narcotráfico” con base en Dubái.
Según fuentes de la Casa de Nariño consultadas por El Tiempo, “si no existiera la junta directiva, no hubiéramos llegado a la caleta”, lo que resalta la importancia de esta estructura criminal en el hallazgo.
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El decomiso, catalogado como un asunto de Seguridad Nacional, se realizó hace poco más de tres semanas bajo estricta reserva, debido a la posible relación de las armas incautadas con planes de atentados en Bogotá.
Entre las armas encontradas había fusiles equipados con mira telescópica y trípode, indicativos de un posible uso por francotiradores, lo que genera preocupación frente a la circulación de armamento especializado en manos de grupos criminales.
El Tiempo señala que este hallazgo podría estar relacionado con dos hechos violentos recientes que han sacudido al país: el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en Bogotá, y el asesinato, hace un año, del esmeraldero Juan Sebastián Aguilar, conocido como “Pedro Pechuga”, víctima de un francotirador.

Ambas situaciones reflejan la complejidad y el alcance de las amenazas criminales y políticas en la capital.
El contexto del operativo también evidencia la posible alianza entre disidencias de la Segunda Marquetalia, estructuras mafiosas y oficinas de sicarios radicadas en Bogotá, que estarían detrás de la autoría intelectual del atentado contra Uribe Turbay.
Esto revela una escalada en la sofisticación y la peligrosidad de los actores criminales que desafían la seguridad nacional.
Además, la operación expone la capacidad de estas organizaciones para infiltrar y utilizar propiedades estatales incautadas como puntos estratégicos para el almacenamiento de armamento, complicando aún más la lucha contra el crimen organizado.
La investigación sigue abierta y las autoridades continúan analizando los vínculos entre los diferentes actores involucrados, así como el papel que la llamada “junta directiva del narcotráfico” podría jugar en la coordinación de estas actividades ilícitas desde el extranjero.
Petro y la alerta sobre un plan para asesinarlo
El hallazgo de la caleta se produce en medio de un ambiente político tenso, marcado por las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre la existencia de un plan para asesinarlo.
En una alocución del 3 de junio, el mandatario afirmó que la conspiración sería orquestada por una organización criminal con base en Abu Dhabi, a la que denominó “Junta del Narcotráfico”.
Según Petro, esta estructura no solo controla redes de narcotráfico en Colombia, sino que también ha infiltrado instituciones del Estado, incluida la Fiscalía General de la Nación.

El presidente aseguró: “He pedido a varias autoridades iniciar la persecución de la Junta del Narcotráfico, que tiene control aquí en Colombia sobre el Clan del Golfo y sobre la gente de alias Iván Mordisco —de quien no sabemos si está vivo o muerto—, sobre varios narcotraficantes colombianos, y tiene muchísima influencia en la Fiscalía General de la Nación para garantizar su impunidad, así como en organismos del Estado que deberían perseguirlos, pero no lo hacen”.
De acuerdo con un informe de inteligencia citado por Cambio, la “Junta del Narcotráfico” es una evolución de una red criminal activa desde los años noventa, cuyos cabecillas —como Julio Lozano, alias Patricia— lograron consolidar un modelo de operación discreto, con inversiones legales en comercio, esmeraldas y hasta en el fútbol profesional, mientras coordinaban el tráfico de cocaína hacia Europa y Estados Unidos.
Las denuncias del presidente Petro sobre un plan para asesinarlo han sido reiteradas en varias ocasiones, señalando el uso de francotiradores y explosivos como posibles métodos de ejecución.
Estos señalamientos han generado preocupación en los organismos de inteligencia, que mantienen bajo seguimiento las amenazas y la supuesta reconfiguración de la red desde el extranjero.
El vínculo entre las alertas del presidente y el hallazgo de armas en Puerto Boyacá está siendo analizado por las autoridades, que consideran que los fusiles hallados podrían ser parte de los recursos dispuestos para estos planes.
Aunque la investigación continúa, el hallazgo refuerza la percepción de que las organizaciones criminales han escalado en su alcance internacional y en su capacidad de amenaza directa contra la institucionalidad y la estabilidad política del país.
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