A doce meses de que culmine el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la organización Transparencia por Colombia (TPC) presentó su tercer balance de la acción pública anticorrupción, un informe que analiza las medidas implementadas durante los tres años de gestión y concluye que los resultados son “no favorables” frente a los compromisos adquiridos en campaña y en el Plan Nacional de Desarrollo.
Según el documento, las debilidades institucionales, los escándalos que involucran a altos funcionarios y la falta de una estrategia clara han marcado la agenda gubernamental en materia de lucha contra la corrupción, pese a que este tema fue uno de los ejes del discurso del denominado “Gobierno del Cambio”.
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Un diagnóstico crítico: ausencia de estrategia y medidas dispersas
El informe de TPC destaca que el Gobierno actual carece de un plan integral y articulado para combatir la corrupción. Si bien se han expedido decretos y creado instrumentos como la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción (Enlcc) y los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público (Ptep), la implementación ha sido parcial y, en muchos casos, descoordinada.
“Al finalizar el tercer año de Gobierno del presidente Gustavo Petro, el balance de la acción pública anticorrupción no es favorable”, señala el informe. A esto se suman retrasos significativos: la Enlcc, aunque reglamentada en 2024 mediante el Decreto 1600, continúa sin un plan robusto ni recursos sostenibles; los Ptep, diseñados para reemplazar los antiguos planes anticorrupción, aún se encuentran en transición y no han mostrado resultados sustantivos.
Además, las iniciativas de coordinación interinstitucional, como la Mesa Técnica de Alto Nivel Anticorrupción, han funcionado de manera limitada, con apenas dos reuniones en más de un año, lo que refleja la escasa voluntad política para liderar compromisos concretos.
Escándalos y crisis institucional: un obstáculo para el avance
El contexto en el que se desarrolla este balance no es menor. En estos tres años, el Gobierno ha enfrentado investigaciones por corrupción que involucran a exministros y altos funcionarios, como en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), donde se denunciaron ofrecimientos de contratos y recursos a congresistas para facilitar la aprobación de reformas sociales.
El asilo político otorgado al expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por corrupción, también generó críticas internacionales y fue considerado por TPC como una decisión contraria a los compromisos anticorrupción y un golpe a la credibilidad institucional del país.
Paralelamente, el informe resalta el choque permanente del Ejecutivo con otras ramas del poder, en especial con el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que el presidente ha acusado de actuar como parte de un supuesto “golpe blando” en su contra. Esta confrontación ha debilitado la cooperación necesaria para garantizar integridad electoral de cara a los comicios de 2026.
Avances puntuales, pero insuficientes
No todo el panorama es negativo. El balance reconoce algunos esfuerzos valiosos, como la creación de la línea 157 para denuncias de corrupción, que articula a la Fiscalía y la Policía Nacional, permitiendo el anonimato y seguimiento de los casos. Esta herramienta ya ha derivado en más de 200 operaciones e investigaciones por delitos como peculado y cohecho.
Asimismo, la consolidación del Portal de Transparencia Económica (PTE) ha facilitado el acceso a información presupuestal y contractual, y la actualización en curso de la plataforma SECOP busca mejorar la trazabilidad de los recursos públicos.
Sin embargo, estos avances son catalogados por TPC como aislados y de alcance limitado, pues no logran responder de manera sistémica a los retos estructurales del país en materia de transparencia.
Retos para el último año y recomendaciones
TPC llama la atención sobre la necesidad de fortalecer la arquitectura institucional anticorrupción y avanzar en aspectos clave como:
- Consolidar la Política Pública de Acceso a la Información, pendiente desde 2014.
- Crear el Fondo Nacional de Víctimas de Actos de Corrupción, ordenado por la Ley 2195 de 2022.
- Garantizar la sostenibilidad de la Enlcc con recursos y objetivos claros.
- Promover consensos en integridad electoral y financiamiento transparente de campañas.
- Priorizar la reparación del daño causado a las víctimas de corrupción.
El informe enfatiza que el último año de gestión será decisivo para demostrar si el Gobierno de Petro logrará materializar el discurso de cambio en acciones reales contra la corrupción o si dejará pendientes que heredará la próxima administración.
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