La elección del rector de la Universidad Nacional de Colombia (Unal) para el periodo 2024-2027 se convirtió en uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de la institución.
Lo que comenzó como un proceso regular terminó escalando a un litigio judicial que hoy enfrenta a dos académicos: Leopoldo Múnera y José Ismael Peña.
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La Procuraduría General de la Nación presentó una solicitud ante el Consejo de Estado para que declare nula la designación de Múnera, al considerar que la misma se realizó en contravía del procedimiento legalmente agotado en marzo de 2024, cuando Peña había sido elegido por el Consejo Superior Universitario.
En su concepto, el ente de control sostiene que “existió una manifestación de voluntad electoral que fue expedida por parte de la autoridad competente, creó una situación jurídica y en consecuencia produjo efectos, habida cuenta de que fue dada a conocer a todos los interesados y a la comunidad en general“.
¿Cómo se originó el conflicto?
El proceso inició en diciembre de 2023 y tuvo varios hitos. El 12 de marzo de 2024 se realizó una consulta electrónica entre la comunidad universitaria —profesores, estudiantes y egresados— para definir los candidatos al cargo. En esta votación, Leopoldo Múnera obtuvo el 34%, mientras que José Ismael Peña logró algo más del 8%.
Pese a su baja popularidad en la consulta, Peña resultó finalmente elegido por el Consejo Superior Universitario el 21 de marzo de 2024, aplicando por primera vez el método Borda, un sistema de votación ponderada que sumaba puntos según el orden de preferencia de los ocho miembros del Consejo. Peña fue designado con una votación unánime de 5-0.
No obstante, la elección provocó un fuerte rechazo entre sectores estudiantiles y docentes, que denunciaron falta de legitimidad del procedimiento.
En medio de este panorama, el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, desconoció la designación y promovió la elección de Múnera, que contaba con amplio respaldo en las bases estudiantiles.
Argumentos de la Procuraduría
Para el Ministerio Público, la decisión del Consejo Superior Universitario del 6 de junio de 2024 —cuando se desconoció la elección de Peña y se nombró a Múnera— fue irregular. En palabras del concepto, “se produjo expedición irregular por violación al debido proceso, formación del acto e infracción a norma superior, por cuanto con el proceso de designación de Leopoldo Múnera Ruiz se desconoció que el procedimiento para elegir rector había iniciado el 7 de diciembre de 2023 y se había finiquitado el 21 de marzo de 2024”.
El documento agrega que con esa actuación se transgredieron garantías fundamentales: “se desconoció la seguridad jurídica, el principio de legalidad y se le violaron los derechos a elegir y ser elegido” de José Ismael Peña. Además, cuestiona que la decisión se tomara pese a que “4 de los 8 integrantes del Consejo Superior estaban recusados” en ese momento.
Defensa del Consejo Superior Universitario
En los alegatos finales presentados ante el Consejo de Estado, el Consejo Superior Universitario argumentó que no hubo revocatoria del nombramiento de Peña, sino una corrección de irregularidades detectadas en la sesión del 21 de marzo.
Según su versión, en la elección de Múnera “se dictaron nuevas disposiciones para la designación de rector del claustro universitario, ya que se advirtieron violaciones a principios esenciales de la Carta Política, como el debido proceso, la autonomía universitaria, la participación democrática e igualdad”.
El Consejo también cuestionó la validez del método Borda aplicado en la elección de Peña, señalando que se trataba de un procedimiento “completamente diferente al que quiso utilizarse en la sesión del 21 de marzo de 2024” y que no respetaba la regla tradicional de mayoría nominal.
El fallo que definirá el futuro de la rectoría
El caso se encuentra en su recta final. El 22 de julio, el despacho del consejero de Estado Pedro Pablo Vanegas corrió traslado a las partes para presentar los alegatos de conclusión, antes de que se profiera el fallo definitivo.
Mientras tanto, Leopoldo Múnera continúa en funciones como rector, en medio de un ambiente polarizado que enfrenta a quienes defienden la legitimidad de su nombramiento frente a quienes exigen el reconocimiento del acto que favoreció a Peña.
El pronunciamiento del Consejo de Estado no solo resolverá quién debe ocupar el cargo, también sentará un precedente sobre los límites de la intervención gubernamental en la autonomía universitaria.
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