El Gobierno de Colombia manifestó su posición oficial frente a la reciente promulgación de una ley en el Perú que incorpora la isla de Santa Rosa al territorio peruano. Según las autoridades colombianas, la soberanía sobre esta formación insular aún no ha sido determinada, y su estatus jurídico debe resolverse mediante mecanismos binacionales establecidos por ambos países.
La polémica se reavivó luego de que el gobierno peruano sancionara la Ley N.º 32403 de 2025, que crea el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto. Esta norma incluye dentro de su jurisdicción a la isla de Santa Rosa, una formación ubicada en el curso del río Amazonas, frente a la ciudad colombiana de Leticia, y que ha sido motivo de debate en el contexto de la delimitación fronteriza entre ambas naciones.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia recordó que la asignación de islas en esa región del Amazonas fue acordada por ambos países en 1929, en el marco del tratado que definió la frontera común. Sin embargo, según la Cancillería, la isla de Santa Rosa no hace parte de dicho acuerdo, debido a que se trata de una formación posterior a ese año. En consecuencia, Colombia sostiene que su soberanía no puede ser asumida de forma unilateral por ninguna de las partes.
Con el fin de abordar este tipo de casos, Colombia y Perú establecieron años atrás la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF), un mecanismo bilateral que, entre otros propósitos, busca establecer criterios técnicos y políticos para la asignación de nuevas islas surgidas en el río Amazonas.
Desde hace tiempo, el Gobierno colombiano ha insistido en la necesidad de activar este canal binacional, señalando que la isla Santa Rosa, al igual que otras formaciones que emergieron después de 1929, requiere una evaluación conjunta para definir su estatus soberano. La posición colombiana, reafirmada en los últimos días, insiste en que la isla no ha sido asignada oficialmente a Perú y que cualquier decisión sobre su pertenencia debe surgir de los acuerdos diplomáticos entre ambas Cancillerías.
En respuesta a la ley aprobada por el Congreso peruano, Colombia envió varias notas diplomáticas de protesta al Ejecutivo del país vecino. En estos documentos, Bogotá expresa su inconformidad con la medida y solicita la pronta reactivación de la COMPERIF para retomar los trabajos pendientes en materia de delimitación. El objetivo, según explicaron fuentes oficiales, es que se avance hacia una solución basada en una metodología previamente acordada para la asignación de islas formadas con posterioridad al tratado de 1929.
La isla de Santa Rosa ha sido un punto estratégico para la conexión entre comunidades en la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. A pesar de su pequeño tamaño, su ubicación en el corazón del Amazonas le confiere una relevancia especial para los intereses de ambas naciones.
Las autoridades colombianas insisten en que, más allá de los aspectos legales y diplomáticos, cualquier decisión debe contribuir a la estabilidad fronteriza, el respeto de los acuerdos internacionales y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Hasta el momento, no se ha conocido una respuesta oficial del gobierno peruano sobre las notas diplomáticas enviadas por Colombia.
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