El Gobierno nacional tomó distancia del proyecto de ley radicado en el Congreso por el senador Alberto Benavides, del Pacto Histórico, que busca establecer un régimen de inspección, vigilancia y control sobre las entidades religiosas en Colombia.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue categórico al afirmar que el Ejecutivo no respalda esta iniciativa, y aseguró que dicha propuesta “nació muerta”, pues no tiene el aval del gobierno del presidente Gustavo Petro.
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“La fe no es una concesión estatal, es un derecho fundamental”, afirmó Benedetti tras reunirse con más de 30 líderes interreligiosos en la sede del Ministerio del Interior. “No nos corresponde regularla en exceso ni ponerle límites. Nos corresponde garantizar que toda persona pueda ejercer su fe sin coacción, sin obstáculos, sin miedo”, enfatizó el jefe de la cartera política en un mensaje que fue bien recibido por representantes de diversas denominaciones religiosas.
Proyecto sin apoyo del Ejecutivo
La propuesta, radicada el 30 de julio bajo el número 057 de 2025, fue impulsada desde la bancada del Pacto Histórico y contempla que el Ministerio del Interior o la entidad que haga sus veces asuma funciones de inspección, vigilancia y control sobre las iglesias y demás organizaciones religiosas que estén registradas legalmente en el país.
El articulado también establece lineamientos para garantizar el respeto por la Constitución, el orden público y los derechos fundamentales dentro del ejercicio de la libertad religiosa.
No obstante, Benedetti dejó claro que ni el Ministerio del Interior ni el Gobierno nacional participaron en la elaboración de este proyecto y que, por el contrario, existe un consenso dentro del Ejecutivo para no interferir en las prácticas religiosas ni gravar las actividades de culto con impuestos.
“El Estado no está para supervisar el credo, ni cuando usted ora, ni cuando se reúne en un culto. No puede estar gravado. No le puede poner impuestos a orar o a reunirse en culto. Eso no puede pasar, ni va a pasar en este gobierno”, declaró el ministro en rueda de prensa, desestimando también rumores sobre posibles gravámenes a productos derivados de actividades religiosas, como libros, camisetas o artículos devocionales.
Benedetti incluso sugirió que los propios autores del proyecto estarían considerando retirar la iniciativa ante la falta de respaldo institucional y político. “Angie (Rodríguez) dice que lo van a retirar”, señaló, haciendo referencia a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Aunque desde el Pacto Histórico aún no se ha oficializado la decisión de retirar el proyecto, fuentes de la coalición indicaron que buscarán un espacio de diálogo con el ministro para explicar el alcance de la propuesta y despejar los temores que ha despertado en sectores religiosos. Sin embargo, con la contundente postura del Ejecutivo, el proyecto parece destinado a estancarse en el Congreso.
Contradicciones en el Gobierno
La declaración de Benedetti también contradice recientes afirmaciones del exministro de Hacienda, Germán Ávila, que había señalado en entrevista con El Tiempo que una eventual reforma tributaria contemplaría la posibilidad de gravar económicamente a las iglesias y a otros actores como las plataformas digitales.
En ese momento, Ávila mencionó que la nueva reforma buscaría revisar propuestas similares a las que se discutieron en la fallida reforma del año anterior, incluyendo impuestos al carbono, al juego en línea y a entidades religiosas.
Reacciones del sector religioso
Uno de los apoyos más destacados a la postura de Benedetti vino de parte de la senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, que participó en la reunión con los líderes religiosos.
“Confiamos en su compromiso de garantizar que nuestro derecho a creer no será vulnerado. Reconocemos su voluntad por priorizar nuestro clamor como sector religioso”, señaló Ríos en sus redes sociales.
La senadora también expresó su preocupación por los posibles efectos legales y constitucionales del proyecto de ley y agradeció al ministro por abrir un espacio de diálogo franco con los representantes del sector religioso.
“Le agradezco su atención para que, acompañada de mis autoridades del sector religioso, tratemos las implicaciones de orden constitucional y legal de los proyectos presentados”, dijo Ríos.
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