Ofrecen millonaria recompensa por responsables del atentado contra comandante operativo de la Policía en Antioquia

Las autoridades de Antioquia anunciaron una recompensa de hasta $30. 000.000 por información que permita ubicar a los presuntos responsables del ataque armado contra el coronel Gerson Bedoya Piraquive, comandante operativo de la Policía en el departamento, ocurrido el sábado 2 de agosto en Cañasgordas, occidente antioqueño. En el mismo hecho resultaron heridos otros tres uniformados.

El ataque fue atribuido por la Policía a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del grupo armado ilegal Clan del Golfo, que opera en varios municipios del occidente antioqueño como Cañasgordas, Uramita y Frontino.

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Según informó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía en Antioquia, entre los implicados estarían alias Sebastián, cabecilla de zona rural; alias Juan Loco, cabecilla urbano; así como alias Chili y Cruceta, que habrían ejecutado el atentado contra los uniformados.

El coronel Bedoya fue herido por ráfagas de fusil en el antebrazo derecho mientras realizaba labores de patrullaje en el corregimiento Cestillal. Fue trasladado a un centro asistencial en Medellín, donde recibió atención médica y ya fue dado de alta. Actualmente se recupera satisfactoriamente, tras una incapacidad médica de cinco días.

En paralelo, otros tres soldados de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional resultaron heridos en una confrontación con el mismo grupo armado en zona rural de Uramita. Ellos continúan hospitalizados y recibieron la visita del gobernador Andrés Julián Rendón, que reiteró el respaldo del gobierno departamental a las Fuerzas Armadas.

“Mi devoción está firme con los Soldados y Policías de Colombia: por su sacrificio y el de sus familias. Visité a uno de los uniformados que resultó herido mientras valerosamente combatía a los criminales del Clan del Golfo, entre Uramita y Peque. Deben saber que no están solos y que los Antioqueños reconocemos y valoramos su servicio”, expresó Rendón a través de su cuenta de X.

El coronel Rico confirmó que la administración departamental dispuso la recompensa para quienes suministren información confiable que lleve a la identificación y captura de los responsables del ataque.

“Se ofrece hasta 30 millones de pesos por permitirnos a nosotros dar con el paradero, ubicación e identificación de estos agentes generadores de violencia con afectación significativa a la fuerza pública, especialmente en este sector”, indicó el alto oficial. Asimismo, se garantizó absoluta reserva para las personas que colaboren con la investigación.

Este atentado forma parte de una cadena de hostilidades recientes en Antioquia, atribuidas al Clan del Golfo, grupo armado que ha incrementado su accionar violento en contra de la fuerza pública en varias regiones del país. La subestructura Edwin Román Velásquez, en particular, es señalada por su participación en narcotráfico, extorsión, homicidios selectivos y ataques armados contra autoridades.

La Policía Nacional y el Ejército mantienen operativos de control territorial, inteligencia y patrullaje intensivo en las zonas rurales de Cañasgordas, Uramita y Frontino, con el objetivo de capturar a los responsables y desarticular los esquemas de movilidad y logística del grupo armado. Las autoridades reiteraron su compromiso con el restablecimiento del orden público y la seguridad de la población civil.

Además de los esfuerzos institucionales, se solicitó la colaboración de la ciudadanía. Las comunidades locales, sin embargo, manifestaron temor ante posibles represalias por parte de los grupos armados ilegales. No obstante, líderes comunitarios reconocen la importancia de la denuncia y el acompañamiento estatal para reducir el accionar criminal en sus territorios.

El atentado contra el coronel Bedoya pone en evidencia la capacidad ofensiva del Clan del Golfo y el desafío que representa para las autoridades consolidar la presencia institucional en regiones golpeadas por la violencia armada. La agresión también refleja el nivel de riesgo que enfrentan los miembros de la fuerza pública que patrullan zonas de difícil acceso, donde los grupos ilegales mantienen influencia territorial y control social.