Empresarios del arroz responden a las quejas en el Meta: “Si estamos recibiendo el cereal”

La imagen fue clara, más de 300 camiones cargados con arroz, parqueados durante horas frente a las plantas de procesamiento en Granada y San Martín, Meta. La escena se repitió durante el sábado, mientras los conductores, agricultores y voceros del sector arrocero esperaban una respuesta que no llegó. Las puertas de los molinos estaban cerradas. Nadie salía a explicar por qué.

“No les dan ninguna explicación sobre la razón por la cual no les reciben el arroz, que en su mayoría fue recogido el pasado jueves, y si permanece guardado en los camiones tres días, se va a pudrir”, denunció un productor desde San Martín. El temor de que se pierda una parte importante de la cosecha comenzó a escalar en los corredores agrícolas del centro del país.

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Frente al silencio percibido por los campesinos, comenzaron a circular versiones, ¿los molinos estarían protestando de forma silenciosa contra la reciente resolución del Ministerio de Agricultura? Algunos agricultores creen que sí. La medida, firmada el viernes 1 de agosto, fijó el precio por carga de arroz paddy en 182.000 pesos para el Meta. Sin embargo, como lo explica uno de los líderes del gremio, “no tienen certeza de que eso sea así, porque nadie les responde, y la comunicación con el Gobierno nacional tampoco es fácil”.

Desde la empresa Roa Flor Huila, una de las señaladas, aseguran que no hay tal cierre. En diálogo con El Tiempo, sus voceros fueron tajantes: “Nosotros en ningún momento hemos cerrado las puertas del molino; al contrario, hemos recibido el arroz en consignación a los agricultores en Meta, Casanare y Huila”.

La aclaración también incluyó un contexto importante, el ajuste operativo tras la nueva norma. “Se recibe el cereal en consignación en razón a que la resolución del Ministerio de Agricultura apenas salió anoche —el viernes 1 de agosto—. El lunes, en el transcurso del día, miramos cómo se liquida”.

Los molineros aseguran que la situación no se trata de una negativa, sino de un proceso administrativo en marcha. Pero para los productores, que ven sus cosechas expuestas al deterioro, cada hora de espera suma tensión. La incertidumbre también expuso un punto débil, la fragilidad en los canales de comunicación entre el Gobierno, la industria y los cultivadores.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, confirmó que la resolución ya está en vigor. Según ella, hace parte de un paquete de acciones pensadas para estabilizar al sector. “La resolución es para atender la situación de los productores, salvaguardar la industria y promover una cadena sostenible y eficiente”, afirmó.

El documento oficial regula el precio del arroz paddy, pero también se acompaña de otras medidas. La ministra explicó que se están impulsando “el control del contrabando, la regulación en frontera, y un proceso de cooperativización de nuestros productores hacia los procesos de industrialización y transformación directa del arroz”. La meta, según Carvajalino, es clara, una cadena más sólida, capaz de enfrentar los retos globales del mercado arrocero.

Por su parte, la ministra de Comercio, Diana Morales, respaldó el enfoque interinstitucional. En sus palabras, “todo este esfuerzo está encaminado a garantizar nuestra soberanía alimentaria y la dignidad de nuestro sector productivo agrícola”. Además, señaló que desde su cartera se está evaluando “la viabilidad de medidas concretas para promover la estabilidad del sector arrocero y garantizar la efectividad de la regulación de precios”.

Mientras tanto, en los patios de carga, el tiempo sigue corriendo. Los agricultores piden certezas, no solo sobre los precios, también sobre los procesos que deben seguir para que sus cosechas no terminen en pérdida. Aunque desde el ministerio y los molinos aseguran que se está trabajando para resolver el impase, la desconexión entre las decisiones de escritorio y lo que ocurre sobre el terreno sigue siendo una constante.

Por ahora, la resolución está en firme. Pero el reto va más allá del papel, lograr que las medidas lleguen a tiempo, que los procesos no se detengan por trámites, y que quienes cultivan la tierra no se queden esperando frente a puertas cerradas.