Carlos Alfonso Rosero, que asumió el Ministerio de Igualdad y Equidad el 27 de febrero en reemplazo de la vicepresidenta Francia Márquez, hizo oficial su renuncia a través de una carta que dirigió al presidente Gustavo Petro.
El anuncio llegó desde la Isla de San Andrés, en un acto simbólico coincidente con la conmemoración del Día de la Emancipación Raizal, fecha que recuerda la lucha histórica de los pueblos afrodescendientes por su libertad.
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La decisión de Rosero se produjo el mismo día (1 de agosto) en que la Presidencia de la República publicó en su página oficial la hoja de vida de Juan Carlos Florián, que venía desempeñándose como viceministro de Juventudes y será el encargado de asumir el liderazgo del ministerio.
La renuncia se habría dado a solicitud del propio presidente Petro, que sostuvo una reunión con Rosero en la Casa de Nariño a comienzos de semana.
En su carta de dimisión, Rosero presentó un balance sobre los cinco meses de su gestión, detallando avances logrados en materia de fortalecimiento institucional, redistribución presupuestal e implementación de mecanismos para combatir la corrupción.
Insistió en que durante su periodo al frente del Ministerio trabajó para posicionar la entidad como “un lugar de puertas abiertas para las poblaciones, los movimientos sociales y los liderazgos regionales de los 14 sectores poblacionales cobijados por la misionalidad” de la cartera.
Agregó que muchos de estos espacios permitieron el reencuentro con compañeros y compañeras de luchas históricas, con la expectativa de concretar en acciones el “gobierno del cambio”.
Entre los puntos centrales del balance presentado por Rosero estuvo la reorganización administrativa interna y una profunda revisión del gasto público orientada a sectores vulnerables.
Manifestó que esta reestructuración tuvo como meta proteger el presupuesto del ministerio contra eventuales desviaciones y malas prácticas, y garantizar que los fondos lleguen directamente a las comunidades destinatarias.
Resaltó la implementación de la norma ISO 37001 como herramienta para establecer un sistema de gestión anticorrupción, el cual, asegura, dejó encaminado como parte de su legado institucional.
“El propósito ha sido blindar al presupuesto encargado al ministerio de la codicia y la corrupción”, indicó Rosero en su carta.
Añadió que durante su paso por la entidad se fortalecieron alianzas con otras instituciones gubernamentales, a nivel local, departamental y nacional, así como con organismos de cooperación internacional, con la intención de aunar esfuerzos para enfrentar los retos que persisten en la denominada Colombia profunda.
Rosero defendió la existencia y la misión del Ministerio de Igualdad, enfatizando que la labor de la entidad resulta crucial para enfrentar las desigualdades históricas en el país.
Mencionó la radicación de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, orientado a consolidar y garantizar la permanencia de la cartera, y señaló la conformación de un equipo técnico y administrativo de más de 500 personas, entre funcionarios y contratistas.
Recalcó la importancia de reconocer y respetar las condiciones laborales de este equipo, como parte fundamental para asegurar la coherencia entre los principios de equidad que defiende el ministerio y su funcionamiento cotidiano.
A pesar de los avances institucionales, el exministro reconoció varios retos persistentes. Como parte de las dificultades, señaló la complejidad de lograr una ejecución integral de los cinco viceministerios y los 24 programas que integran la cartera, así como el acompañamiento a las entidades que hacen parte del sector Igualdad, como el Icbf, Inci e Insor.
Rosero subrayó que dos años desde la creación del ministerio resultan insuficientes para revertir el impacto de más de dos siglos de exclusión y desigualdad en Colombia, por lo que la consolidación del ministerio representa, en sus palabras, un proceso a largo plazo.
En la misiva, Rosero agradeció al presidente Gustavo Petro la oportunidad de asumir el reto, y dirigió un mensaje a las comunidades afro, indígenas, campesinas, mujeres, juventud y personas con discapacidad, entre otras, que acompañaron el proceso. Hizo un reconocimiento a los pueblos ancestrales y el valor de su memoria como faro de guía institucional.
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