Se acabó la racha a la baja y los intereses suben en agosto: usar su tarjeta de crédito le costará más

Si es de los que acostumbra financiar sus compras con tarjeta de crédito, este dato le interesa. El interés bancario para esta modalidad subió en agosto y marcó el fin de una racha de dos meses a la baja. El aumento fue de 0,39 puntos porcentuales, llevando la tasa de usura al 25,17%, según el último informe de la Superintendencia Financiera.

El ajuste, aunque no drástico, representa una señal clara, el costo del crédito en Colombia vuelve a encarecerse, en un contexto económico aún incierto. En julio, la tasa había caído 0,77 puntos, y en junio, 0,49. Es decir, la tendencia que venía beneficiando a los consumidores se rompe este mes.

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¿Qué significa esto en la práctica?

Que los bancos ahora tienen permitido cobrar intereses más altos en préstamos de consumo y tarjetas de crédito. Este límite máximo —conocido como tasa de usura— es fijado mensualmente por la Superintendencia, y funciona como un techo legal para proteger a los usuarios del sistema financiero frente a intereses abusivos.

La entidad también certificó el interés bancario corriente para la modalidad de consumo y ordinario en 16,78% efectivo anual (E.A.), vigente entre el 1 y el 30 de agosto. Este porcentaje sirve como base para calcular la usura, que se establece sumándole un 50% al interés corriente.

Pero, el ajuste no solo afecta al crédito de consumo. Todas las modalidades subieron, incluyendo el crédito productivo y el microcrédito. Por ejemplo, el crédito productivo urbano quedó en 52,20%, mientras que el popular productivo rural, usado sobre todo por pequeños productores en zonas apartadas, subió hasta el 74,33%.

Los analistas lo explican con una mezcla de factores. Uno de los más mencionados es el contexto fiscal del país. Diego Palencia, vicepresidente de investigaciones en Solidus Capital, fue claro al indicar que, “el hueco fiscal todo lo absorbe, es muy grave”. La incertidumbre en torno a la reforma tributaria, los problemas de sostenibilidad del gasto público y la presión sobre el presupuesto nacional han generado nerviosismo. Eso se traduce en un sistema financiero más cauto y más costoso para los usuarios.

Con este cambio, es probable que los consumidores noten mayores costos en sus cuotas y en el financiamiento de compras grandes. Además, la señal que lanza el sistema financiero es que no hay espacio para relajarse.

Las tasas podrían seguir moviéndose en función de cómo evolucione la inflación, la política monetaria del Banco de la República y, sobre todo, el entorno fiscal del país. Por ahora, si está pensando en endeudarse, compare, revise bien las condiciones y evite financiarse al límite, especialmente en un contexto donde el crédito barato empieza a desvanecerse.

El impacto en el bolsillo

Más allá del dato técnico, esta decisión, determinada por la Superintendencia Financiera a partir del interés bancario corriente, tiene efectos directos e indirectos sobre la economía real. En primer lugar, el encarecimiento del crédito golpea al consumo de los hogares, especialmente a los de ingresos medios y bajos que dependen de las tarjetas de crédito o créditos personales para financiar compras. En un contexto de inflación contenida pero aún superior al objetivo, este ajuste podría ralentizar la demanda interna justo cuando el Gobierno busca reactivarla.

Además, la banca enfrenta un dilema. Por un lado, el aumento del techo legal les da más margen para cubrir riesgos y costos operativos. Pero, por otro, un crédito más caro puede traducirse en mayor morosidad, especialmente si el empleo y los ingresos no crecen al mismo ritmo. Es decir, se eleva el riesgo de sobreendeudamiento.

Hay que añadir que, el alza refleja también una desconfianza estructural sobre la estabilidad fiscal del país. Las tasas son sensibles al riesgo soberano, y el ruido en torno al déficit y a las reformas tributarias incrementó la percepción de riesgo. La respuesta del sistema financiero es ajustar precios al alza para protegerse.

Finalmente, el impacto es desigual, mientras grandes empresas y sectores formales acceden a financiación más competitiva, los consumidores y las mipymes enfrentan condiciones más onerosas. Si no se compensa con estímulos productivos y educación financiera, este movimiento puede profundizar las brechas de acceso al crédito y frenar la inclusión financiera.