Ministra de Ambiente e Irene Vélez, directora de la Anla, fueron citadas a debate de control político por situación del Canal Del Dique

Ante la crisis derivada por las inconclusas obras del Canal del Dique, obra de infraestructura que busca, justamente, contener el desbordamiento del río Magdalena, en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, con afectación en 19 municipios, el senador Jorge Benedetti, del partido Cambio Radical, citó a un debate de control político a la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada, y la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Irene Vélez.

Benedetti, durante la plenaria del miércoles 30 de julio de 2025, demandó respuestas sobre la suerte de esta obra de infraestructura, una de las más urgentes que requiere el Caribe. Y no dudó en calificar la postergación del megaproyecto como “inadmisible”, pues la inestabilidad resultaría inminente para miles de familias ante la nueva temporada de lluvias, al punto que reprochó al Gobierno nacional por su supuesta “indiferencia”, en relación con esta deuda histórica.

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El Canal del Dique, obra considerada estratégica que conecta el río Magdalena con Cartagena y que afecta a las regiones ya citadas, lleva años en espera de una intervención para reducir inundaciones y mejorar la protección ambiental. A juicio de Benedetti, detener el proyecto por causas políticas o administrativas “sería un grave error” que podría poner en peligro a comunidades enteras, que viven a las riberas del afluente hídrico.

“Detener el megaproyecto por razones políticas o falta de voluntad administrativa sería un grave error, especialmente frente a una nueva temporada invernal”, advirtió el congresista, que ha enfilado sus cuestionamientos contra el Gobierno Petro, al que acusó de perpetuar un constante desinterés frente a los problemas que perjudican a la Costa Atlántica. Una muestra clara del centralismo con el que se han manejado asuntos trascendentales.

Los motivos por los cuales fueron citadas a debate de control político a la ministra de Ambiente y directora de la Anla

Benedetti centró su señalamiento en ambas funcionarias, a las que responsabilizó por la demora actual. Así pues, anunció que buscará “un debate de control político para que, de una vez por todas, le den respuesta a los habitantes de Bolívar, de Sucre y del Atlántico en cuanto a la materialización de este proyecto”. Según el congresista, la necesidad de avanzar no es solo por justicia social, sino porque la seguridad y el desarrollo de la región dependen de ello.

La postura crítica del congresista estuvo acompañada de reclamos contra el olvido histórico del Caribe. “El Canal del Dique no es una obra cualquiera. Es justicia social, protección ambiental y seguridad para 19 municipios”, afirmó el parlamentario, con la que exigió acelerar la ejecución de la obra y garantizar los recursos comprometidos. Para respaldar su postura, citó el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, Carlos Hernán Rodríguez.

“Señor contralor General: no suelte al Caribe colombiano y no nos abandone en esta lucha, que sus pronunciamientos han sido de la mayor importancia para que los funcionarios de este gobierno entiendan que están ante un inminente detrimento patrimonial”, expresó el senador cordobés, de 34 años, que se ha convertido en una de las voces más fuertes del partido de oposición contra el Ejecutivo, al igual que la del vallecaucano Carlos Fernando Motoa.

Durante la sesión, el senador recordó el apoyo electoral decisivo que la región del Caribe brindó al actual mandato y cuestionó la reciprocidad de la administración nacional. “Es inadmisible que este proyecto, que no solamente representa justicia social, sino también protección ambiental y seguridad para millones de habitantes, hoy esté siendo torpedeado por este Gobierno, que se le olvidó que la región del Caribe se volcó a apoyarlo de forma decidida en las elecciones presidenciales, pero no escatima ninguna oportunidad para darle la espalda a esos proyectos estratégicos”, denunció.

Y enfatizó que el megaproyecto cuenta con “respaldo técnico, comunitario y legislativo”, y la falta de avance es injustificable. “La Contraloría ya se ha pronunciado favorablemente sobre el proyecto y no hay excusa para frenar una intervención que cuenta con respaldo técnico, comunitario y legislativo”, puntualizó Benedetti, que reiteró que la región “no puede seguir siendo víctima del centralismo” que castiga a los territorios.