La situación financiera en el Hospital General de Medellín ha encendido las alertas del sector salud y de la ciudadanía, por la suspensión de operaciones anunciada por la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud (Fedesalud) a sus afiliados.
La institución confirmó el cese en la prestación algunos servicios asistenciales y cirugías programadas debido a la falta de recursos, por cuenta de la millonaria deuda que mantienen varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), la cual supera los $245.000 millones.
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Los servicios que verán afectada su operación son anestesiología, cuidados intensivos, pediatría, ginecología oncológica, instrumentación quirúrgica, enfermería y recurso humano de apoyo al centro médico.
De acuerdo con el medio de comunicación regional Telemedellín, cerca de $9.000 millones de la deuda corresponden a los pagos de los honorarios de los trabajadores; mientras el restante corresponde a carteras pendientes con la entidad por parte de las EPS, la mayoría intervenidas por el Gobierno nacional.
Del restante, la EPS Savia Salud posee el 68% de la cartera, lo que equivale a pagos pendientes por cerca de $119.000 millones, lo que la pone en el primer lugar de la lista de deudores seguidos por la Nueva EPS cuyas obligaciones ascienden a los $14.000 millones.
La deuda de las EPS no es la única causa de la crisis financiera del centro médico más importante de la capital paisa, la falta de liquidez ha generado una parálisis parcial del funcionamiento y una suspensión de labores por parte de parte del personal médico, que reclama el pago de salarios y garantías laborales atrasadas.
Paralelamente, la Asociación Sindical de Trabajadores del Hospital General de Medellín denunció que hay retrasos en el pago de la nómina, lo que produce una profunda desmotivación entre los colaboradores.
“La situación es insostenible. Llevamos meses sin que se reflejen los pagos completos en nuestras cuentas y no vemos una solución cercana. Muchos compañeros se encuentran en graves dificultades económicas”, afirmó, Esteban Bustamante, apoderado general de Fedesalud, en un carta conocida por el periódico El Colombiano.
A causa del cese en las operaciones, decenas de pacientes se vieron obligados a reprogramar cirugías y consultas esenciales, mientras que los departamentos de ginecobstetricia, pediatría y cuidados intensivos mantienen una carga por encima de sus capacidades operativas.
Frente a las peticiones de los trabajadores, directivos del hospital advirtieron que no cuentan con los recursos para garantizar la prestación de los servicios. A lo que la agremiación respondió que las operaciones se reanudaran una vez se cumpla con las obligaciones financieras.
Por ello, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo referencia a la crisis y advirtió sobre la gravedad de la situación y aseguró que, pese a que se están adelantando las gestiones financieras, los recursos no son suficientes y que la crisis obedece a una problemática estructural del sistema de salud a nivel nacional.
“Nos estamos desatrasando en pagos, pero estamos asfixiados. No hay con qué responder completamente a las obligaciones del hospital. Esta es una problemática estructural del sistema de salud, que golpea con especial dureza a nuestra red pública”, señaló el mandatario al periódico El Tiempo.
Adicionalmente, agregó que la administración local ha destinado cerca de $32.000 millones para ayudar a superar el déficit, pero que esa cifra resulta insuficiente ante el tamaño de la deuda acumulada por las EPS, por lo que en mayo de 2025 radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
De acuerdo con el medio de comunicación citado, el órgano judicial fallo el 11 de julio a favor de la ciudad y exhortó al Gobierno nacional a cumplir con las obligaciones con las EPS en un plazo no mayor a 30 días. Sin embargo, todavía no se ha registrado el cumplimiento de los pagos por parte del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud.
Cabe destacar que el Hospital General de Medellín es una de las instituciones emblema de la salud pública en Antioquia, con 78 años de historia y una amplia cobertura para la población más vulnerable que se ve opacada por la crisis que pone en evidencia las debilidades financieras y operativas del sistema de salud en el país.
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