El martes 29 de julio se selló un acuerdo entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para asumir la expedición y personalización de pasaportes colombianos.
A pesar de este avance y de la clara instrucción del presidente Gustavo Petro de no extender por tercera vez el contrato con Thomas Greg & Sons, el Gobierno se dispondrá a prorrogar dicha prestación de servicios durante al menos ocho meses más.
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Esta extensión tiene como propósito garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes mientras se consolida el proceso técnico y normativo para que el nuevo modelo, conocido como “modelo Petro”, esté listo en abril de 2026.
La decisión se basa en la imposibilidad de que la Imprenta Nacional y su aliado portugués, la Casa de la Moneda, asuman de manera inmediata la demanda del documento más solicitado por los colombianos en sedes diplomáticas y oficinas nacionales.
Según fuentes del Fondo Rotatorio de la Cancillería referenciadas por El Tiempo, esta semana comenzarán reuniones entre las autoridades y representantes de Thomas Greg para definir tanto la prórroga, prevista hasta marzo de 2026, como el empalme operativo con la nueva modalidad.
“Se hablará de un nuevo contrato por nueve meses y del empalme o etapa de transición con Portugal y la Imprenta”, aseguró una fuente cercana al proceso.
El jefe del despacho presidencial, Alfredo Saade, confirmó en entrevista con La W Radio que la extensión contractual irá, en principio, hasta abril.
Sin embargo, versiones recogidas por El Tiempo hablan de un plazo de ocho meses a partir de septiembre y advierten que, en caso de un nuevo retraso en la implementación del convenio con Portugal, la sociedad liderada por Thomas Greg podría continuar aún más tiempo encargada de la impresión de pasaportes.
El martes 29 de julio se realizó la firma formal del documento con la Casa de la Moneda de Portugal. El acto contó con la presencia de la secretaria general de la Cancillería, Elvira de las Mercedes Sanabria, la presidenta del Consejo de Administración de la institución portuguesa, Dora María Dos Santos Ferreira, la gerente de la Imprenta Nacional, Alba Viviana León Herrera, y el miembro del Consejo Administrativo, Nuno Serpa Leitão Guerra.
El convenio, según el despacho presidencial, constituye una etapa transitoria orientada a “poner en marcha el proceso” hacia una producción de pasaportes y documentos de viaje hecha en Colombia, con transferencia de tecnología y cooperación técnica del socio europeo. El acuerdo se mantendrá hasta abril de 2026, cuando la infraestructura nacional esté completamente lista para asumir la tarea.
Esta transición permitirá que datos y procesos tecnológicos relacionados con las libretas y las etiquetas de visa colombiana sean gestionados por entidades públicas nacionales. Así lo destacó el presidente Gustavo Petro, que celebró la firma de la alianza advirtiendo que “se acabó ese monopolio”, en referencia al rol histórico de Thomas Greg & Sons, y subrayó que la custodia y manejo de datos sensibles será competencia exclusiva de Colombia.
Contradicciones internas y resoluciones de urgencia
El Gobierno acudirá a la figura de “urgencia manifiesta” para extender el contrato con Thomas Greg, pese a la abierta negativa del presidente Petro, que en repetidas ocasiones ha criticado públicamente a la firma. El propio Petro, desde sus redes sociales, objetó la posibilidad de una nueva ampliación. Pese a ello, el volumen de pasaportes requeridos y los tiempos de adecuación del nuevo modelo hacen inviable un cambio inmediato de operador.
Las autoridades reconocen que la situación actual implica un tercer alargue para Thomas Greg, compañía que desde hace años lidera la elaboración y personalización de pasaportes en Colombia.
Este plazo adicional coincide con el periodo inicialmente previsto en la licitación fallida de 599 mil millones de pesos, declarada desierta por el entonces canciller Álvaro Leyva y que derivó en crisis de abastecimiento, investigaciones disciplinarias y demandas judiciales.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación mantiene abiertas varias investigaciones sobre el proceso. Analiza el retraso en la entrada en vigencia del modelo Petro, inicialmente planeada para este año, así como los compromisos presupuestales adquiridos para la nueva estructura, que se asumieron sin tramitarse en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).
La excanciller Laura Sarabia, que había propuesto la misma ruta de emergencia que ahora adopta el Gobierno, celebró la decisión desde fuera del Ejecutivo. Sin embargo, Sarabia está bajo investigación por no adelantar un proceso licitatorio mientras sabía que el nuevo esquema no estaría listo.
Su antecesor, Luis Gilberto Murillo, enfrenta investigaciones por los retrasos, mientras Alfredo Saade es investigado por instrucciones controvertidas que buscaban limitar la expedición de pasaportes. Este miércoles Saade debe atender un llamado de la Procuraduría, en el que testificarán excolaboradores de Sarabia.
Así mismo, la Contraloría General señaló que los convenios firmados hasta ahora “no superan la situación de riesgo en la producción de pasaportes” debido a la falta de condicionamiento en la selección del aliado estratégico y en los contratos que ejecutaría la Imprenta Nacional.
El ente de control enfatizó que ni la Imprenta ni el Ministerio de Relaciones Exteriores han formalizado contratos para mantener la prestación continua del servicio, lo que expone al país a una eventual interrupción en la expedición de pasaportes.
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