Paloma Valencia pidió a la Corte Suprema solicitar a Google y WhatsApp las conversaciones entre Iván Cepeda y Juan Guillermo Monsalve

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, envió una carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia en la que solicitó que como parte del proceso que cursa en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ese alto tribunal considere pedir una “comisión rogatoria” a las empresas estadounidenses Google y WhatsApp.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Valencia compartió el documento acompañado de un mensaje en el que aseguró que, pese a la relevancia de las comunicaciones, no fueron siquiera consideradas durante la investigación adelantada por el alto tribunal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Envié una carta a la Corte Suprema de Justicia solicitando que consideren pedir a WhatsApp y Google la entrega de la conversación completa entre Iván Cepeda y Juan Guillermo Monsalve, la cual no se conoció en el proceso contra el Presidente Uribe“, escribió la también precandidata presidencial.

En la misiva, la congresista mencionó que dicha comisión tendría como fin solicitar las conversaciones y archivos multimedia enviados a través de la red social de mensajería entre el también senador Iván Cepeda y Juan Guillermo Monsalve, testigo en el caso en contra del exmandatario.

Valencia aseguró que en el curso de la investigación que vinculó penalmente a Uribe Vélez, las conversaciones entre Monsalve y Cepeda, que constituirían una prueba determinante en el proceso, desaparecieron. Sumado a esto, pidió que su solicitud sea considerada teniendo en cuenta la relevancia del caso para el país.

“Considerando la importancia de esta prueba para un proceso tan significativo para el país, me permito muy respetuosamente solicitar que la Honorable Corte Suprema de Justicia considere pedir una comisión rogatoria a los proveedores de servicios WhatsApp LLC y Google Inc., en sus oficinas de Estados Unidos, para que aporten cuantos datos obren en su poder respecto de las comunicaciones entre los usuarios Iván Cepeda Castro y Juan Guillermo Monsalve Pineda“, dictó el documento.

La aspirante a la Casa de Nariño justificó su solicitud en un caso tratado por el Tribunal Superior Español, en el que se acusó al fiscal general de ese país, Álvaro García Ortiz, por hechos asociados a conversaciones que había sido borradas de WhatsApp. Su argumento se basa en que el magistrado instructor español Ángel Hurtado le solicitó a esas compañías, pese a que su central principal de operaciones se encuentra en Estados Unidos, aportar una copia de todos los datos que involucren al usuario y que puedan ser útiles en el proceso.

Valencia aseguró que la respuesta de las compañías fue positiva, por lo que las comunicaciones del fiscal español, que habían sido borradas del teléfono del García Ortiz, fueron consideradas dentro de la investigación.

En la misiva, la senadora argumentó que junto con el contenido de las conversaciones aportadas por WhatsApp, el gigante de la internet Google también aportó datos de localización y servicios asociados a las copias de seguridad almacenadas en las cuentas de correo electrónico de los implicados.

“El magistrado pidió a Google Inc. los datos almacenados en los diversos servicios y productos vinculados a la cuenta, copias de seguridad de los dispositivos vinculados a la cuenta, copias de seguridad de aplicaciones de terceros, copias de seguridad de los chats y/o archivos multimedia disponibles y asociados al usuario y logo o registro de las comunicaciones realizadas por el usuario, incluyendo la fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación“, explicó.

La precandidata argumentó que su solicitud podría cambiar el rumbo del proceso que el 28 de julio de 2025 declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Si bien la solicitud de la senadora aún no ha tenido respuesta de parte del alto tribunal, la eventual entrega de las comunicaciones por parte de las compañías podría constituir una prueba determinante si el proceso es llevado a segunda instancia judicial, siempre y cuando no hayan sido recolectadas durante la investigación en primera instancia por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte involucrada o si son solicitadas de común acuerdo por las partes, entre otras restricciones legales.