
El 28 de julio de 2025, el expresidente de la República Álvaro Uribe fue hallado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal por decisión de la jueza Sandra Heredia, hecho que continúa generando fuertes reacciones en distintos sectores políticos del país.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su discrepancia con la decisión judicial y aludió directamente a la trayectoria del actual presidente Gustavo Petro, recordando su pasado como integrante del grupo guerrillero M-19.
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“La triste realidad de Colombia es la siguiente: quienes hicieron parte de grupos terroristas, hoy están en la Presidencia y en el Congreso. Álvaro Uribe, quien los combatió, hoy ha sido condenado. Mi solidaridad con él y con su familia”, afirmó.
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En reacción al mensaje del mandatario local, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que el líder político del Centro Democrático no estuvo combatiendo con los grupos paramilitares, pero sí participó de negociaciones y actividades en conjunto.

“Trampa de Fico: los grupos terroristas más grandes del país se llaman paramilitares. Pusieron de blanco a la población civil, que es lo que define el terrorismo. El expresidente Uribe no combatió el terrorismo paramilitar, sino que pactó con él, varias veces”, escribió en su cuenta de X.
Y agregó: “El pacto del paramilitarismo con el Estado, en Santa Fé de Ralito, se volvió ley de la República, y eso provocó la desmovilización de paramilitares en las comunas populares de Medellín a las que tenían aterrorizadas”.
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El jefe de Estado también sostuvo que las decisiones de Uribe Vélez cuando estuvo a cargo del país beneficiaron a varios políticos de la capital del departamento de Antioquia. Incluso, señaló que ganaron poder y puesto en el Estado gracias a los votos paramilitares que ejercían control en el territorio.
“Muchos políticos ganaron en Medellín, electoralmente y en sus bienes personales, con los votos que este terrorismo paramilitar controlaba en Medellín”.
A la par, aseguró que hubo alianzas entre varios sectores políticos con los grupos armados con el fin de mantenerse en el poder.
“Hasta gobernaron con ellos. A esta gobernanza paramilitar, la llamaron ”donbernagobernabilidad”. Ahora hay muchos exponentes políticos de la “donbernagobernabilidad” que olvidan que gobernaron con el peor terrorismo de la historia de Colombia”.
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Según sus consideraciones, las palabras del alcalde de Medellín con las que recordó su militancia en el M-19 carecen de análisis, confunde términos, con el propósito de desorientar a la sociedad, puesto que las razones por las que ambos grupos se armaron representan diferentes valores.
“El análisis de Fico es el mismo mediático de décadas. Oculta una confusión mental y de términos, para confundir la sociedad. Una cosa es insurgencia contra el estado, otra defensa desde el Estado ante la insurgencia, defensa estatal que usó el terrorismo y se dejó financiar del narcotráfico”.
A renglón seguido, el mandatario dijo: “Los delitos de rebeldía, políticos, no son lo mismo que los crímenes de estado, estos son crímenes contra la humanidad, como los de Hitler”.
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La reacción del presidente Petro a la condena de Álvaro Uribe

“Presionar a la juez para obtener un resultado político, y no jurídico, casi hasta amenazar a la juez como hacen las mafias. Hay una falta de vocación profunda de los códigos mínimos de la democracia en estos comportamientos”.
Con estas palabras, el presidente Gustavo Petro denunció públicamente los intentos de coacción sobre la jueza Sandra Liliana Heredia, que dictó un fallo de primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La declaración, difundida a través de la red social X, marcó un posicionamiento inequívoco del jefe de Estado frente a la independencia judicial y la presión política en Colombia.
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En medio de la controversia que generó la sentencia, Gustavo Petro reiteró su respaldo a la actuación de la jueza Heredia. En un mensaje anterior, también publicado en X, el mandatario subrayó: “Es deber del gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo. En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”. Esta afirmación refuerza la postura del Ejecutivo sobre la necesidad de salvaguardar la autonomía judicial, independientemente de las reacciones políticas o sociales que pueda suscitar una decisión de esta magnitud.
El gobernante de los colombianos enfatizó en que su administración no interviene en los procesos judiciales ni persigue a individuos por motivos políticos, sexuales, de género o religiosos. “Este gobierno no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas. No presiona a la justicia que es independiente por completo del gobierno. Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos”, puntualizó Petro en su cuenta oficial, rechazando cualquier insinuación de injerencia gubernamental en el caso.
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