
La senadora María Fernanda Cabal, integrante del partido Centro Democrático, arremetió en la mañana del 29 de julio contra el presidente Gustavo Petro por sus declaraciones en respuesta a los comentarios emitidos desde Estados Unidos, específicamente por Marco Rubio, secretario de Estado de la administración estadounidense.
Rubio manifestó públicamente su respaldo a Uribe y puso en duda la imparcialidad del fallo judicial, lo que provocó que el jefe de Estado colombiano calificara este pronunciamiento como una intervención indebida en los asuntos internos del país.
El pronunciamiento de la senadora se hizo visible a través de sus redes sociales, donde reprochó que, a su juicio, el mandatario colombiano acostumbre a opinar sobre la situación interna de otras naciones de la región y aún así critique la postura de la Casa Blanca en este caso.
Según Cabal, existe una incongruencia en la defensa de la soberanía nacional por parte del presidente, recordando episodios en los que ha expresado opiniones sobre procesos políticos o judiciales en países como Ecuador, Bolivia, Perú, El Salvador, Guatemala y Argentina.
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“Usted vive metiendo sus “narices” en los asuntos del Ecuador, de Bolivia, del Perú, del Salvador, de Guatemala, de la Argentina y ¿ahora señala a los EE.UU de violar la soberanía? El cinismo de ustedes que fueron premiados con impunidad no tiene límite", escribió la senadora vallecaucana.
La reacción de Cabal se produjo después de que Petro respaldara públicamente a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, quien fue la primera en pronunciarse contra la intervención de Rubio.
La canciller argumentó que estas declaraciones afectaban la soberanía colombiana, postura que el presidente amplificó, advirtiendo sobre el riesgo de deslegitimar a la justicia nacional, especialmente considerando el contexto histórico de amenazas y asesinatos de jueces en Colombia.
Para la senadora del Centro Democrático, este señalamiento carece de coherencia, pues recordó que el propio Petro ha sido crítico de procesos judiciales o políticos que involucran a figuras como Pedro Castillo, en Perú; Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina, y Rafael Correa, en Ecuador, entre otros líderes latinoamericanos.

Según sus publicaciones, considera que el Gobierno actual, a pesar de abanderar discursos de respeto a la soberanía, no ha dudado en pronunciarse sobre la institucionalidad de otros países cuando lo ha considerado conveniente.
El origen de esta disputa diplomática se encuentra en el mensaje difundido por Marco Rubio, quien desde su cargo en el Gobierno estadounidense defendió públicamente a Uribe, señalando que la actuación de los jueces colombianos en este caso sería una muestra de un uso politizado de la justicia.
Rubio aseguró que Uribe se ha caracterizado por su defensa de la nación y que la condena tendría un trasfondo de persecución política.
En contraste, la administración Petro insiste en que ningún actor extranjero debería pronunciarse sobre fallos de la justicia colombiana, reiterando la independencia de los poderes del Estado.

Con esta postura, el Gobierno busca evitar presiones externas que puedan influir en las decisiones de jueces y magistrados, en un contexto donde las divisiones políticas internas mantienen polarizada la opinión pública.
La condena contra Álvaro Uribe, hallado culpable de los delitos de soborno y fraude procesal, ha reavivado debates sobre el alcance de la justicia colombiana frente a figuras de alto perfil político.
El caso ha dividido opiniones y ha reactivado el debate sobre la relación entre el poder judicial, el Ejecutivo y la comunidad internacional, en un momento en el que la tensión entre oficialismo y oposición se mantiene alta.
Los abogados del exmandatario acudirán con el recurso de apelación ante el mencionado tribunal de la capital de la República,que revisará la legalidad y acierto de la sentencia de primera instancia. “La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene el deber de atacar todos y cada uno de los puntos que resulten contradictorios, que resulten en un yerro en la valoración probatoria”, explicó en ese sentido el abogado Rogelio Roldán Álvarez en diálogo con Infobae Colombia.
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