Preocupación en la Andi por posibles efectos inflacionarios del reciente acuerdo con el sector arrocero

El reciente entendimiento alcanzado entre el Ministerio de Agricultura y representantes de los productores de arroz continúa generando reacciones en diversos sectores.

Este lunes, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresó reservas frente a algunas disposiciones pactadas, al advertir sobre su posible impacto en la inflación y otros factores de la cadena productiva.

Si bien el gremio valoró positivamente la gestión de la cartera agropecuaria para abrir espacios de diálogo y lograr consensos con los arroceros, llamó la atención sobre los riesgos que puede conllevar la aplicación de lo acordado.

La Andi expuso que uno de los principales puntos de alerta es la posibilidad de que el régimen de libertad regulada de precios para el arroz paddy verde, tal como quedó definido en la resolución, termine generando distorsiones en el mercado.

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El gremio empresarial advirtió que establecer un precio que supera el valor de referencia que los cultivadores tuvieron al momento de planificar sus siembras podría debilitar la dinámica de autorregulación de la oferta, con el riesgo de profundizar situaciones de sobreproducción.

A este escenario se suma la inquietud por una eventual pérdida de competitividad del arroz colombiano frente a los volúmenes importados, especialmente a raíz de los acuerdos vigentes con Estados Unidos y Ecuador que facilitan la entrada de este grano al país.

“La situación actual se origina en una sobreoferta nacional e internacional sin precedentes. En 2024, las siembras alcanzaron un récord histórico de 631.000 hectáreas, lo que generó el mayor nivel de inventarios registrado. Según la Bolsa Mercantil de Colombia, a junio de 2025 las existencias de arroz eran un 92% superiores frente al mismo periodo del año anterior y casi el doble de lo recomendado en el Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz. Pese a las señales de mercado y alertas emitidas desde inicios de año, las siembras en departamentos como Casanare continuaron creciendo en el primer semestre de 2025, alcanzando un nuevo récord”, se lee en un texto emitido por el gremio.

Para la Andi, persisten desafíos estructurales en la cadena de valor del arroz que limitan su capacidad para competir en igualdad de condiciones en el mercado internacional. Entre los factores identificados figuran los elevados costos de producción, la necesidad de modernizar procesos y la baja productividad en algunas zonas.

De no resolverse estos aspectos de fondo, podría ampliarse la brecha frente a los productores externos, afectando la sostenibilidad de la industria nacional.

Otro efecto colateral, según la organización, es que los incentivos contemplados para aumentar las áreas de siembra podrían generar desequilibrios en el mediano plazo.

De no existir mecanismos eficaces de planeación y control, se teme que el exceso de oferta derive en mayores presiones sobre la informalidad y volatilidad en los precios internos.

Frente a este panorama, la Andi reiteró la importancia de fortalecer la Agenda de Competitividad del sector arrocero, proponiendo que esta se convierta en uno de los instrumentos prioritarios dentro del Plan de Ordenamiento Productivo.

La hoja de ruta sugerida apunta a optimizar la productividad, reducir costos, enfrentar de manera más sólida la competencia externa y mitigar riesgos como el contrabando.

La organización empresarial recalcó que, a lo largo de la historia, la vía más efectiva para consolidar la estabilidad del agro colombiano ha sido combinar información transparente, procesos de planeación ordenada, impulso a la competitividad y respeto a los principios del mercado.

“Por estas razones, desde Induarroz alertamos que las dinámicas que se desencadenarán a partir de esta medida no están claras y podrían generar desequilibrios duraderos en toda la cadena productiva. La historia ha demostrado que el camino más seguro y sostenible para el agro colombiano es el de la planeación, la información transparente, la competitividad, el ordenamiento productivo y el respeto por los principios de mercado”, añadieron.

Mientras el Gobierno defiende la necesidad de garantizar condiciones favorables para los productores, la discusión sobre el futuro del sector arrocero continúa abierta.

Voces como la de la Andi plantean que, más allá de medidas coyunturales, el reto está en afianzar políticas de largo plazo que equilibren el bienestar de los agricultores con la estabilidad macroeconómica y la seguridad alimentaria del país.