En la mañana del domingo 27 de julio de 2025, Migración Colombia entregó nuevos detalles sobre la llegada de 603 ciudadanos colombianos, que fueron deportados por las autoridades de Ecuador.
En un comunicado, la entidad oficial indicó que, desde el viernes 25 de julio, “se han atendido de forma organizada y con pleno respeto por los derechos fundamentales a un total de 410 ciudadanos colombianos deportados desde la República del Ecuador”, desde el punto fronterizo denominado Rumichaca.
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De igual manera, Migración aseveró que la operación se realizó de forma organizada y con respeto a los derechos fundamentales de los afectados. Sin embargo, sostuvo que el proceso de deportación se realizó sin las condiciones necesarias entre las naciones.
“Estas personas salieron de territorio ecuatoriano sin que mediara un proceso administrativo formal de deportación que permitiera establecer de manera clara su condición migratoria. Tampoco se realizaron coordinaciones previas por parte de las autoridades ecuatorianas con las oficinas consulares de Colombia en ese país, lo que impidió verificar plenamente su identidad o nacionalidad antes de su ingreso a territorio colombiano”, informó la entidad en el comunicado.

Ante la polémica, la entidad señaló que fue activado un protocolo especial de contingencia en coordinación con autoridades del orden nacional, regional y local, diseñado para garantizar una recepción humanitaria, segura y ordenada.
“El procedimiento fue liderado por la directora general de Migración Colombia, la Subdirección de Control Migratorio, la Coordinación de Enlaces y el grupo de grafólogos, así como la Dirección Regional Nariño–Putumayo, el CTI de la Fiscalía, la Policía, el Ejército y la Secretaría de Gobierno de Ipiales”, explicó Migración.
Durante el procedimiento, los equipos realizaron la verificación de identidad de los deportados mediante la toma de impresiones dactilares, que luego contrastaron con las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
“Posteriormente, se realizó el control migratorio de ingreso al país a las personas en condición de deportadas. En este proceso, se identificaron once ciudadanos con órdenes de captura vigentes, quienes fueron puestos de inmediato a disposición de las autoridades judiciales competentes”, aseguró.
Por último, Migración Colombia no descarta que, en el transcurso de los días, lleguen más de 1.000 connacionales a territorio colombiano.
“De acuerdo con información extraoficial, se estima que en los próximos días podrían llegar más de 1.000 connacionales adicionales en condiciones similares. Migración Colombia continuará monitoreando la situación en tiempo real y mantendrá la coordinación interinstitucional para asegurar el cumplimiento de la ley, la protección de los derechos de los ciudadanos y la seguridad en la frontera”, concluyó la entidad.

Respuesta del Gobierno de Ecuador
Pese a los reclamos del Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, al considerar que no hubo gestiones formales para la llegada de los connacionales, el Gobierno de Ecuador también se pronunció al respecto.
En un comunicado oficial, la cancillería ecuatoriana declaró que los procedimientos de expulsión se han realizado “en estricto cumplimiento del marco normativo vigente y de sus obligaciones internacionales en materia migratoria, garantizando en todo momento el debido proceso y respeto a los derechos humanos de las personas sujetas a medidas de deportación”.
Además, aclararon que la decisión de repatriar a los presos colombianos no solo fue tomada de manera soberana, sino que habría sido notificada oportunamente al Consulado de Colombia en Quito.
“El Gobierno del Ecuador reitera su compromiso con una política migratoria responsable, que salvaguarda los derechos fundamentales de todas las personas involucradas y se desarrolla en estricto apego a la ley y al derecho internacional”, expresó la entidad ecuatoriana.

Según el comunicado, la información sobre el plan de deportaciones se transmitió a través de los canales diplomáticos el 8 de julio de 2025.
El trasfondo de esta medida se remonta a la política anunciada por el presidente Daniel Noboa desde el año 2024, expresando su intención de deportar a reclusos extranjeros, especialmente de ciudadanía colombiana, como parte de una estrategia para descongestionar el sistema penitenciario de ese país.
De acuerdo con datos oficiales, en las cárceles de Ecuador hay aproximadamente 3.300 presos extranjeros provenientes de países como Colombia, Perú, México, El Salvador y otras naciones.
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