Así funcionará el millonario fondo que busca sacar a más de 12 millones de mujeres de la pobreza en Colombia

En un país donde más de 12 millones de mujeres viven en condiciones de vulnerabilidad económica, un proyecto de ley busca abrirles la puerta al emprendimiento y a una vida con mayor independencia. Se trata del Fondo de Emprendimiento para la Mujer (FEM), una iniciativa liderada por la senadora Liliana Bitar y que ya fue aprobada en su último debate en la Cámara de Representantes. Solo resta la conciliación y la sanción presidencial para convertirse oficialmente en ley.

Este fondo está diseñado para entregar capital semilla a mujeres sin ingresos fijos, clasificadas en los grupos A, B o C del Sisbén IV. El objetivo es claro, brindar una oportunidad real de generar ingresos propios, ya sea a través de proyectos individuales o emprendimientos colectivos.

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Una de las razones que impulsó la aprobación de esta propuesta fue su enfoque de prevención frente a la violencia de género. Entre mayo de 2023 y mayo de 2024, la Fiscalía General de la Nación registró 149.017 denuncias por violencia intrafamiliar y 630 casos de feminicidio. “La situación es preocupante”, afirmó la fiscal general Luz Adriana Camargo, que participó en una mesa de seguimiento en Barranquilla. La Defensoría del Pueblo también respaldó estas cifras, calificando la violencia contra las mujeres como una de las “crisis más graves de derechos humanos” que enfrenta el país.

En este contexto, el acceso a recursos económicos propios se plantea como una estrategia fundamental para cortar los ciclos de dependencia en los que muchas mujeres permanecen atrapadas. Según el Senado, el FEM no solo ofrecería una ayuda financiera, también un camino para fortalecer la autonomía y la toma de decisiones.

El FEM otorgará un solo apoyo por persona. Para quienes presenten iniciativas individuales, los montos oscilarán entre medio salario mínimo (alrededor de $711.750) y tres salarios mínimos (aproximadamente $4.270.500). En el caso de proyectos asociativos, el tope podría llegar a 30 salarios mínimos —cerca de $42.705.000— siempre y cuando sean liderados por grupos de hasta diez mujeres.

Sin embargo, la norma establece una distribución clara de los recursos: al menos el 70% deberá asignarse a propuestas individuales, mientras el 30% restante podrá destinarse a proyectos colectivos.

Para acceder al beneficio, las aspirantes deberán ser mayores de edad, encontrarse en condición de vulnerabilidad económica y no contar con una fuente permanente de ingresos. Además, la entrega del incentivo será única a nivel nacional, evitando duplicidades mediante el cruce de datos entre las alcaldías y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

¿De dónde saldrá la financiación?

El fondo se alimentará con recursos provenientes de los municipios, en particular con ingresos corrientes de libre destinación. También podrá recibir asignaciones del Sistema General de Regalías (SGR), donaciones, cooperación internacional y otros aportes no reembolsables. La participación de los entes territoriales será clave, ya que cada administración local deberá apartar parte de su presupuesto para operar el programa. Esto podría generar diferencias en la cobertura según la capacidad financiera de cada municipio.

La evaluación de los proyectos estará a cargo de comités operativos municipales. Aunque no se exigirán títulos académicos ni experiencia laboral previa, los criterios técnicos serán determinantes para seleccionar las iniciativas con mayor viabilidad.

Además, el proyecto contempla un acompañamiento posterior para las beneficiarias, incluyendo asesoría jurídica, técnica y financiera. Se promoverán convenios con universidades que, a través de sus consultorios empresariales o jurídicos, ofrezcan apoyo gratuito. Aunque no es obligatorio, se espera que muchas instituciones se sumen a la implementación.

El texto del proyecto ya superó su paso por el Congreso, y ahora está a la espera de la sanción del presidente Gustavo Petro. Aún no hay fechas oficiales para la apertura de convocatorias, ni cronograma definido a nivel nacional. Todo dependerá de la coordinación entre los entes territoriales y la disposición de recursos en cada región.