Judicializados tres integrantes de red de tráfico de migrantes entre Medellín y Norteamérica: una de las procesadas aceptó los cargos

La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres personas señaladas de integrar una red transnacional dedicada al tráfico de migrantes, cuya ruta partía de Medellín y utilizaba el archipiélago de San Andrés y Providencia como paso hacia Centroamérica y Norteamérica.

Desde octubre de 2024, la organización habría movilizado de manera ilegal a personas que llegaban a Medellín, facilitando su tránsito hacia Estados Unidos con la ayuda de documentos falsificados y rutas clandestinas.

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Entre los judicializados se encuentran Jamer Antonio Álvarez, señalado como cabecilla de la red; Maythee Kiara Gordon Restrepo; y Karina del Carmen Marsiglia Zambrano. Un fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizada les imputó los delitos de tráfico de migrantes, secuestro simple, cohecho por dar u ofrecer, circulación y uso de efecto oficial de sello falsificado y concierto para delinquir.

Dentro del proceso se destaca que Karina del Carmen Marsiglia Zambrano aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, mientras que los otros dos procesados no admitieron responsabilidad. A los tres implicados se les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Según la investigación, Álvarez Sierra coordinaba y supervisaba la logística de los traslados, manipulando procesos migratorios e incluyendo la colocación de sellos falsos en pasaportes en Medellín. Además, presuntamente ofrecía incentivos económicos a funcionarios públicos para evadir controles y mantenía comunicación con otros integrantes de la organización para ajustar rutas y vuelos.

Marsiglia Zambrano se encargaba de organizar el alojamiento, la manutención y la coordinación de escalas y transbordos en San Andrés, mientras que Gordon Restrepo gestionaba la compra y modificación de tiquetes aéreos y la distribución de alimentos. También habría ordenado la retención de las víctimas durante su traslado.

“Se detectó una organización delicuencial que funcionaría desde el año 2021, la cual se desarticuló parcialmente en mayo del 2024, que dio como resultado 3 capturas e imputaciones de delitos como concierto para delinquir, tráfico de migrantes y falsedad ideológica en documento público”, reveló el fiscal del caso.

El fiscal además señala que los tres procesados habrían facilitado la entrega irregular de extranjeros a Colombia al colocar un sello fraudulento de migración a los pasaportes de 5 ciudadanos de nacionalidad india.

Las capturas se realizaron mediante allanamientos en San Andrés, en coordinación con la Policía Nacional adscrita a la Embajada de Estados Unidos. Las autoridades continúan investigando el alcance de la organización y su posible conexión con otros delitos asociados a la movilidad ilegal de migrantes desde Colombia.

Investigación tras muerte de niños egipcios sacó a la luz red transnacional de tráfico de migrantes

La judicialización de los tres integrantes de esta red transnacional dedicada al tráfico de migrantes entre Medellín, San Andrés y rutas hacia Centroamérica y Norteamérica se produce tras una investigación que dejó al descubierto la magnitud y el impacto humano de estas operaciones. La organización no solo falsificaba documentos de viaje y manipulaba rutas aéreas, sino que también sometía a los migrantes a condiciones de gran vulnerabilidad y abuso.

Este caso cobró notoriedad internacional a raíz del naufragio en el que murieron dos niños migrantes egipcios cerca de Nicaragua, cuando intentaban llegar a Centroamérica desde San Andrés. La Policía Nacional, a través de la DIJÍN, identificó que la misma estructura criminal era responsable del traslado de personas provenientes de países como Irán, Egipto, Vietnam e India, quienes eran ingresados a Colombia por Brasil y Leticia, luego enviados a Medellín y finalmente transportados a San Andrés para salir en embarcaciones precarias rumbo al norte del continente.

Las investigaciones revelaron que una vez en la isla, los migrantes eran encerrados, incluidos niños, recibían poca comida y permanecían bajo llave mientras aguardaban su ilegal travesía por mar, muchas veces en condiciones de riesgo extremo y sin chalecos salvavidas. Pruebas como interceptaciones telefónicas y videos confirman la inhumanidad del trato: las víctimas eran vigiladas y controladas estrictamente, y la alimentación y el agua se repartían bajo órdenes directas de los encargados logísticos.

El negocio resultaba altamente rentable para la red: cobraban entre 2.000 y 3.000 dólares por persona solo por el paso en Colombia, monto que cubría traslados, hospedajes precarios y la salida clandestina hacia otros destinos. La investigación de la Fiscalía también reveló la infiltración de la red en instituciones oficiales, ya que dos de sus líderes ejercían como contratistas en la Gobernación de San Andrés en el sector turístico al momento de sus capturas.

La desarticulación de esta red, materializada con la judicialización de sus principales cabecillas y uno de ellos aceptando los cargos, expone la urgencia de reforzar el control migratorio y proteger a las poblaciones más vulnerables ante el tráfico de personas, que sigue cobrando víctimas y aprovechando vacíos institucionales en rutas turísticas del Caribe colombiano.

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