El 24 de julio de 2025, la administración del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, notificó oficialmente a Colombia sobre la inminente deportación de cientos de reclusos de nacionalidad colombiana, actualmente distribuidos en distintas cárceles ecuatorianas.
Esta medida, sustentada en resoluciones de la Subsecretaría de Asuntos Migratorios del Ministerio del Interior de Ecuador, se basa en la declaración de conflicto armado interno emitida en abril de 2024. Según el Gobierno ecuatoriano, el objetivo es proteger la seguridad nacional frente a amenazas de grupos armados, permitiendo la expulsión de extranjeros vinculados a delitos graves sin que hayan cumplido ni la mitad de sus condenas.
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En este escenario, más de 800 colombianos serán expulsados de territorio ecuatoriano, lo que generó preocupación en la Cancillería colombiana que insistió en la necesidad de mantener conversaciones con el vecino país, con el fin de asegurar que el traslado de los connacionales se realice sin ninguna violación a sus derechos.
Frente a la propuesta colombiana, mediante un comunicado oficial, la Cancillería ecuatoriana afirmó que todos los procedimientos de deportación se ajustan al marco legal vigente, respetan el debido proceso y cumplen con los estándares internacionales en derechos humanos.
En reacción a la respuesta del Gobierno ecuatoriano, Colombia anunció que insistirá en el establecimiento de un protocolo para la salida de los connacionales.
“Ante el anuncio oficial de que entre el miércoles y el jueves de esta semana llegará un nuevo grupo de connacionales deportados desde Ecuador al Puente de Rumichaca, el gobierno de Colombia a través de la Cancillería insistirá con su par ecuatoriano para que se establezca un protocolo y un calendario para la salida. Esto, luego de la coyuntura vivida entre la tarde noche de ayer y la mañana de hoy sábado, 26 de julio, en la que las autoridades del vecino país expulsaron a 603 connacionales”, se lee en el documento.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio detalles del primer grupo de deportados que llegó al país. Según informó, las entidades correspondientes revisaron el estado de salud, verificaron los antecedes de los connacionales, entre otros, cumpliendo con el protocolo de recepción.
“Del grupo, 543 eran hombres y 60, mujeres, a quienes se le brindó asistencia y alimentación a su llegada; se verificó la identidad de los connacionales y se realizó control migratorio y verificación de antecedentes por parte de la Policía Nacional, de acuerdo al protocolo de recepción acordado entre las entidades concernidas. Tras el ejercicio, se determinó que 11 de los connacionales tienen orden de captura, uno de ellos con circular de la Interpol. De igual forma, se garantizó el desplazamiento de los connacionales a sus lugares de origen, en cumplimiento de la ruta establecida".
En paralelo, la canciller (e) Rosa Yolanda Villavicencio Mapy indicó que “se precisa lograr el acuerdo respecto del protocolo con el país vecino, de tal forma que se pueda garantizar un trato digno y ofrecer una atención adecuada e integral a los retornados, tal y como lo señala la ley 2136 de 2021, que establece las responsabilidades de las entidades en el retorno masivo”.
Así mismo, el coronel Pablo Galindo, comandante de la Policía del Departamento de Nariño, informó que se cuenta con 60 efectivos garantizando la seguridad de la zona. De igual forma, funcionarios del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y del Ministerio de la Igualdad se hicieron presentes para, junto con las autoridades locales y regionales, articular el recibimiento, atención y desplazamiento a sus lugares de origen.
Y agregó: “Durante la reunión del Puesto de Mando Unificado instalado en la zona, representantes de distintas entidades del orden local y nacional ajustaron los protocolos de recepción y verificación para garantizar el respeto de los derechos humanos y el acompañamiento institucional adecuado”.
La Cancillería también confirmó que Ecuador remitió una única lista de aproximadamente 300 personas, sin información complementaria.
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