Petro tenía razón, a medias: este es el buque con carbón que partió desde Colombia hacia Israel, pero tenía autorización

A primera hora del 24 de julio, sindicatos del sector minero alertaron sobre la salida del buque Fortune, con bandera de Malta, desde Puerto Nuevo (Ciénaga, Magdalena) con destino al puerto de Hadera, en Israel.

La denuncia fue divulgada inicialmente por el presidente Gustavo Petro en la red social X, que calificó los hechos como un “desafío” a su Gobierno e hizo un llamado urgente al ministro de Trabajo para reunirse con los sindicatos del carbón y a citar a las autoridades indígenas afectadas por la explotación minera.

“Volvieron a sacar un buque hoy lleno de carbón con destino a Israel. Un desafío a mi gobierno. Le pido al ministro de trabajo reunión urgente con los sindicatos del carbón. El informe de cumplimientos de sentencias de la corte constitucional sobre la explotación del carbón y el derecho de las comunidades indígenas”, escribió.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Petro también anunció que impartirá una orden escrita a la Armada Nacional para que detenga cualquier embarcación con destino a Israel.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que recibió una “delicada denuncia” por parte de los trabajadores en Riohacha sobre la salida del Fortune. Sanguino señaló que la información sería verificada en coordinación con el Ministerio de Comercio y la Presidencia.

El funcionario destacó la necesidad de determinar si los hechos constituyen una violación al decreto que prohíbe vender carbón colombiano a Israel, medida adoptada por el Gobierno tras acusar al país de responsabilidad en crímenes en Gaza.

Documentos obtenidos por el medio El Tiempo muestran que la exportación del carbón, asociada a la multinacional Drummond, se encuentra respaldada por una resolución oficial expedida meses atrás. El 24 de octubre de 2024, Luz Belén Fernández Álvarez, subdirectora de diseño y administración de operaciones de Ministerio de Comercio expidió un documento donde reconoce a Drummond una “situación jurídica consolidada” para continuar exportando carbón a Israel.

La resolución autoriza las exportaciones de carbón desde el 20 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2028, amparándose en el Decreto 1047 del 14 de agosto de 2024 y la Resolución 1125 del 16 de septiembre de 2024 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

Voceros de Drummond aseguraron al medio citado que sus exportaciones cumplen con las disposiciones del gobierno nacional. La empresa indicó que se sometió al comité conformado por el Ministerio de Comercio, la Agencia Nacional de Minería y la Dian para justificar la continuidad de sus envíos a Israel, argumentando que el marco legal vigente lo permite, a pesar de las restricciones generales establecidas mediante el decreto presidencial.

“Drummond presentó la documentación requerida ante un comité conformado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Agencia Nacional de Minería y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) tal como lo exige el artículo 3 del decreto 1047 de 2024 del Ministerio de Comercio”, dice el documento citado por el medio.

Uno de los funcionarios que integró el comité declaró que “no hay piso legal para interceptar esas exportaciones”, lo que significa que el cumplimiento de la orden presidencial podría entrar en tensión con los permisos previos concedidos a la empresa. En este escenario, tanto la Armada Nacional como otros organismos estarían evaluando las implicaciones de cualquier tipo de intervención.

El Ministerio de Trabajo anunció la apertura de una investigación formal, con traslado de la denuncia al Ministerio de Comercio y la Presidencia para determinar las acciones administrativas y legales correspondientes. Adicionalmente, se convocó a una audiencia con las organizaciones sindicales del sector carbón y a las autoridades indígenas del pueblo Wayúu para el 31 de julio en Riohacha, horas después de que el presidente Petro solicitó analizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional sobre explotación minera y derechos de comunidades afectadas.

La controversia surge en un contexto de cambios regulatorios impulsados por el gobierno, que ha promovido la transición energética y el cierre programado de minas en departamentos como Cesar y La Guajira, medidas que han generado despidos masivos y preocupaciones sindicales por su impacto social y ambiental. Sindicatos como Sintracarbón, Sintramienergética y Sintradrummond han participado en mesas de diálogo sobre el proceso, reclamando condiciones laborales dignas y respeto por los acuerdos adquiridos.