
El domingo 27 de julio de 2025, representantes del Gobierno Nacional y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) mantendrán un encuentro con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en las cercanías de Tumaco, Nariño.
El acta de los diálogos que se efectuaron el 19 de julio de 2025 indicó en uno xde sus puntos que “la reunión entre el señor Ministro de Defensa Nacional y la Mesa de Diálogos de Paz prevista para el 19 de julio se realizará el domingo 27 de julio de 2025. La Mesa agradece al señor Ministro su compromiso institucional con la construcción de paz“.
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La agenda principal consiste en definir los procedimientos y territorios adecuados para la destrucción de cerca de 14 toneladas de material de guerra, operación que se prevé realizar en un plazo de treinta a cuarenta días.
De acuerdo con lo explicado por Armando Novoa, jefe del equipo negociador del Gobierno con esta organización, es indispensable que la eliminación del arsenal se lleve a cabo en condiciones que no impliquen riesgos para las comunidades ni alteren el equilibrio ambiental, como comunicó Caracol Radio.
“Se deben definir con el Ministerio de Defensa unos territorios adecuados para la destrucción de este material de guerra con dinamita, con explosivos que se aplican para ese propósito y que no causen daño a las comunidades, que no perjudiquen o afecten el equilibrio medioambiental”.
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A su vez, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano cuenta con unos 2.500 integrantes provenientes de dos estructuras disidentes de la Segunda Marquetalia.

Actualmente, desarrolla su accionar principalmente en Nariño y Putumayo. El proceso en marcha busca consolidar medidas de desescalamiento del conflicto armado en esas regiones.
Para Novoa, la próxima reunión reviste importancia central para la implementación de lo pactado en la mesa de diálogos de paz.
“Tiene un propósito central que es la ratificación de la decisión de avanzar en un camino de desescalamiento integral e irreversible del conflicto en esos territorios. Y entonces el señor ministro va a ratificar el compromiso del Estado y del Gobierno con apoyar todas aquellas acciones que de manera concreta cristalicen ese propósito de la mesa de diálogos de paz y por supuesto esa voluntad institucional que tiene el Gobierno Nacional de acompañar este tipo de medidas”, citó Caracol Radio.
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La presencia de Pedro Sánchez en el proceso de negociación reafirma el respaldo oficial y sella el compromiso de las autoridades en la destrucción del material de guerra, paso considerado clave para el beneficio de las comunidades locales y la consolidación de acuerdos hacia la reducción de la confrontación armada en el suroccidente colombiano.
El acuerdo pretende destruir 14 toneladas de armas
Entre el 17 y el 19 de julio, en el Resguardo Indígena de Inda Zabaleta, municipio de Tumaco (Nariño), representantes del Gobierno y de la Cneb formalizaron el Acuerdo No. 12, que establece un protocolo para la entrega, verificación y destrucción progresiva de materiales de guerra.
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En la implementación participarán la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA), la Fuerza Pública y la Consejería Comisionada de Paz.
La Cneb presentó un inventario preliminar de casi 14 toneladas de armamento, distribuidas en 9 toneladas localizadas en Nariño y otras 4,5 toneladas en Putumayo, cuya destrucción se realizará de forma controlada, técnica y progresiva.

La operación estará a cargo de unidades especializadas de la Fuerza Pública, aplicando estrictos estándares técnicos para garantizar la seguridad y el respeto al entorno ambiental y comunitario.
Según el acuerdo, la selección de los puntos de destrucción se hará con base en requerimientos técnicos e incluirá una comisión mixta integrada por representantes de ambos equipos negociadores. Se destaca que la entrega y eliminación efectiva del material será acompañada y verificada por observadores civiles y militares.
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Durante las sesiones, las partes trataron temas complementarios al desarme, como la elaboración de lineamientos para garantizar el voto libre y pacífico en zonas de influencia de la Cneb, así como la cedulación de habitantes para facilitar el acceso a derechos básicos.
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