Disidencias suspenden entrega de secuestrados del Cauca: “No existen condiciones para una entrega segura”

El proceso para la liberación de los nueve funcionarios de la Gobernación del Cauca, retenidos desde el 17 de julio por integrantes del Bloque Occidental ‘Jacobo Arenas’, fue detenido.

Así lo informaron los captores a través de una grabación en video, en la que argumentaron razones operativas y de seguridad para frenar el procedimiento que había sido anunciado previamente.

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Según lo comunicado por los disidentes, “se adelantan operativos militares, los cuales truncan la entregada de los contratistas y empleados”.

En ese mismo mensaje, insistieron en que “actualmente no existen las condiciones necesarias para garantizar una entrega segura y que permita el retorno de los funcionarios a sus hogares en buen estado de salud”.

Los funcionarios cuya liberación quedó suspendida son: Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona Maya, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana.

Desde distintos sectores institucionales se había expresado confianza en que el proceso de entrega se concretara. El Ministerio de Defensa había señalado que se estaban facilitando los canales necesarios para permitir la participación de una misión humanitaria en la liberación de los cautivos.

En palabras del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, “desde que el Ministerio de Defensa conoció el repudiable secuestro de nueve civiles en área rural López de Micay, Cauca, por parte de las disidencias de alias Mordisco, hemos emitido unos lineamientos para que estas madres y padres de familia, regresen pronto a casa”.

Aseguró también que “la Fuerza pública brinda y facilita todas las garantías para que liberen a los nueve secuestrados, a través de los organismos humanitarios que están interviniendo”. El funcionario añadió: “No se está desarrollando ninguna operación de rescate, con el fin de garantizar la vida e integridad de los civiles secuestrados, según las condiciones actuales”.

No obstante, el ministro Sánchez reafirmó que “la Fuerza Pública seguirá cumpliendo su misión constitucional, la cual, incluye neutralizar a todas las amenazas, ya sea Eln, disidencias, ‘clan del Golfo’ o cualquier grupo criminal”.

La misión humanitaria que estaba lista para participar en la entrega contaba con el respaldo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Defensoría del Pueblo. Ambas entidades han acompañado otros procesos similares en el pasado, en distintas regiones del país.

Previo a este anuncio de suspensión, el 22 de julio, las propias disidencias habían emitido un mensaje anunciando el inicio de protocolos para la liberación de los funcionarios. Según ese comunicado, uno de los requisitos para llevar a cabo la entrega era la suspensión temporal de las operaciones de la Fuerza Pública durante 72 horas.

A nivel regional, la Gobernación del Cauca había reiterado su rechazo a la retención de los contratistas, quienes –según las autoridades locales– se encontraban realizando labores estrictamente sociales en zonas rurales del departamento.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, sostuvo que los funcionarios estaban cumpliendo funciones ajenas a cualquier acción armada o política. En respuesta a una comunicación previa de los captores, expresó: “Los contratistas cumplían una misión netamente social y civil, sin ningún vínculo con acciones armadas o políticas”.

El grupo armado que mantiene retenidos a los funcionarios pertenece al autodenominado ‘Estado Mayor Central’, y asumió la autoría del secuestro a través de una carta pública difundida días después del hecho. En ese mensaje, aseguraban que los funcionarios habrían estado vinculados a la instalación de equipos utilizados para inhibir señales y derribar drones, una versión rechazada tajantemente por la Gobernación.

El hecho ha generado manifestaciones de preocupación entre familiares y entidades públicas. La incertidumbre ha crecido tras el cambio en la postura de los captores, quienes inicialmente habían planteado la posibilidad de liberar a los funcionarios en condiciones concertadas.

Las familias de los nueve trabajadores continúan a la espera de una solución que permita su retorno. En diversas ciudades del país se han desarrollado manifestaciones y pronunciamientos exigiendo su pronta liberación.

Mientras tanto, se mantiene la alerta en la región y se espera que las gestiones adelantadas por los organismos humanitarios puedan reactivarse si cambian las condiciones en el terreno. La situación de seguridad en los municipios del suroccidente del país ha dificultado las labores de verificación, y las tensiones se han incrementado en algunas zonas donde persiste la presencia de grupos armados.